Con provincias nada cambia pero servirá para calmar al Fondo

En un esfuerzo por mejorar el perfil de la negociación con el FMI, el gobierno cierra esta semana el borrador de nueva ley de coparticipación de impuestos entre la Nación y las provincias, una promesa hecha y nunca cumplida en los últimos 15 años. En un gesto que parece ya costumbre, el gobierno presumirá que el FMI es dócil al engaño y afrontará el único proyecto posible para un gobierno débil y con una crisis económica gravísima: un maquillaje al actual sistema, que es retrógrado, porque deja gastar al que no recauda y premia situaciones de privilegio (ayer La Rioja, hoy Santa Cruz). Un proyecto "light" que postergará para un gobierno con más conciencia reformista la deuda de cambiar a fondo las relaciones Nación-provincias. El maquillaje con que se cree que podrá el gobierno sentar a todos los gobernadores consiste en respetarles a los Estados los fondos recibidos a diciembre de 2003 y mejorarles los envíos como premios a reformas, compensaciones por pobreza o diferencias difíciles de superar en el mediano plazo. El 20 de febrero está previstala llegada de una misión técnica del FMI para auditar nuevamente el cumplimiento de metas. Pero aún la Argentina tiene cuatro compromisos sin cumplir. Están en juego u$s 3.100 millones que vencen el 6 de marzo, y una vez más, si no está el visto bueno del FMI, se deberán utilizar reservas. Néstor Kirchner ya anticipó que no lo hará. Esas cuatro metas son: los avances en la renegociación de la deuda, la compensación a bancos (por la indexación con CVS), la determinación de reformas a la Ley de Quiebras y, por último, la vuelta a normas más estrictas del Banco Central para clasificar deudores.

Miran de lejos Roberto Lavagna, cuyos funcionarios deben rubricar el proyecto aceptando los lineamientos de esa comisión, y el actual diputado Miguel Sarghini, que integró esa comisión redactora antes de asumir la banca por la provincia de Buenos Aires.

La exigencia de una nueva ley de coparticipación figura en todas las cartas de intención firmadas con el FMI por la Argentina desde 1995. También es una cláusula transitoria tampoco cumplida de la constitución reformada en 1994 que ordenó al Congreso que un nuevo sistema de reparto de los impuestos entre la Nación y las provincias debía estar ya aprobado antes de diciembre de 1996.

Kirchner, embalado en la propia leyenda del sobrecumplimiento de las metas exigidas por los organismos multilaterales, quiere que para marzo el proyecto esté aprobado por las dos Cámaras del Congreso.

El reparto de las impuestos entre la Nación y las provincias está considerado como la reforma más importante que debe hacer la economía argentina para quebrar la lógica del sistema actual en la cual quien gasta (las provincias) no recauda. Todos los proyectos que se han sucedido en los últimos 15 años pretendieron una reforma a fondo que nunca se pudo llevar adelante.

Discutir el reparto de las rentas nacionales fue motivo de guerras civiles en el pasado aquí y en otros países. Nunca un mandatario provincial podría justificar ante sus votantes resignar fondos en favor de la Nación o de otras provincias. Menos en economías en crisis con gobiernos cada vez más débiles.

Entre esa debilidad de los gobiernos para encarar esas reformas casi quiméricas en el contexto de la crisis y las exigencias de FMI para la revisión en junio próximo, a Kirchner sólo le queda el clásico argentino de cumplir a reglamento. Algo así como tararear una ley que les permita a los funcionarios internacionales emitir otro perdón o waiver y otro documento reconociendo los esfuerzos del gobierno argentino por emprender alguna vez una reforma fiscal aunque no sea a fondo.

Por eso el gobierno califica de puertas hacia adentro al borrador de nueva ley como un « coparticipación light». Es decir, un maquillaje al actual sistema que reconozca la necesidad de una reforma que el gobierno, como los anteriores, no tiene la fuerza de imponerles a los gobernadores.

Ese borrador de «coparticipación light» recoge la exigencia de la cláusula transitoria 6 de la Constitución reformada de que no « podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigentes a la sanción de esta reforma y en ambos casos hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación».

Por eso la base del proyecto es respetarles a todas las provincias la cantidad de fondos recibidos por el actual sistema de coparticipación a diciembre del año pasado. Con esa sola condición el comando Pesoa-Cameron-Arlía logró en las conversaciones que llevan adelante con gobernadores desde hace tres meses la aprobación de todos los mandatarios de un texto base.

Por sobre ese reconocimiento de lo que reciben las provincias el borrador de proyecto establece un coeficiente de compensación de las diferencias en la situación de las diversas provincias. Ese coeficiente aspira a compensar a los estados como necesidades básicas insatisfechas (las más pobres), el monto del producto bruto individual, a premiar a las que asuman el cobro de determinados impuestos hoy a cargo de la Nación, y a las que se comprometan a modificar el sistema previsional para adecuarlo al nacional. Esto implica aumentar edades jubilatorias, eliminar escalafones privilegiados que rigen aún en algunos estados.