El viernes 20 de julio pasado una turba de activistas del gremio de marineros santacruceños de Puerto Deseado destrozó las instalaciones de una decena de empresas pesqueras -en su mayoría de origen español-, en reclamo de mejoras salariales. Como consecuencia del violento asalto, varias oficinas y algunos vehículos de las compañías quedaron completamente inutilizables, al igual que algunas cámaras de refrigeración de pescado, también atacadas durante la protesta. De inmediato se constituyó en España un comité de emergencia que analizó la situación de las compañías ibéricas afectadas y dio intervención a la embajada de ese país en la Argentina, exigiendo a las autoridades provinciales y nacionales seguridad para los empresarios pesqueros en el país.
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Las compañías afectadas estimaron en cerca de 100 millones de euros las pérdidas sufridas por la parálisis del sector, que se extendió desde el 3 de julio hasta el 2 de agosto pasado, y en otros cientos de millones los daños ocasionados en las plantas de Puerto Deseado.
El malestar español se instaló en la agenda del viaje que la senadora y candidata a presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó a Madrid, dos días después de los disturbios en Santa Cruz. Incluso, el tema ocupó gran parte del diálogo que la primera dama mantuvo con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El conflicto con los pesqueros de Santa Cruz se originó por el desconocimiento de la filial de Puerto Deseado a un acuerdo salarial sellado por la cúpula del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) con las cámaras pesqueras, que estipulaba el pago escalonado hasta 2008 de una suba salarial de 16%.
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