La decisión del justicialismo se tomó después de una serie de reuniones que comenzaron en el despacho de Eduardo Camaño con los representantes de los bancos, Carlos Heller y Mario Vicens y que continuaron luego con Alfredo Atanasof, Jorge Matzkin y los presidentes de todas las bancadas. Pero en realidad, la mayor presión fue aplicada por el propio Eduardo Duhalde que llamó en varias ocasiones en las últimas 48 horas a gobernadores y presidentes de bloque para pedirles que frenaran cualquier iniciativa sobre el tema, alegando: «El acuerdo con el Fondo está casi listo, no podemos entorpecerlo ahora».
En realidad a los diputados y senadores peronistas les quedaba ayer muy poco margen de maniobra. Presionados por los gobernadores no tenían demasiado ímpetu por la tarde para votar un proyecto de suspensión de ejecuciones, sea cual fuere el plazo, en contra de la opinión del gobierno que dio por terminado el episodio con el acuerdo con bancos y la amenaza de Roberto Lavagna de investigar a los acreedores hipotecarios privados si avanzan con la ejecución de sus deudores.
Tampoco, como anticipó este diario, existe margen para el Congreso para aprobar una suspensión y, si luego ésta es vetada como anticipó Duhalde, insistir con la sanción original. Es que mientras dura ese proceso, el Presidente tiene 10 días hábiles para vetar una ley, se terminará el período de sesiones ordinarias y comenzarán las extraordinarias, momento en que sólo se tratan los temas pedidos por el Ejecutivo.
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