Con la seguridad de que logrará aunar voluntades políticas y ruralistas, Cristina de Kirchner anunció ayer que el miércoles próximo enviará al Congreso un proyecto de ley «para la protección del dominio nacional de las tierras rurales», que limita al 20% la posesión de los extranjeros, crea el Registro Nacional de Tierras Rurales, y dispone la realización de un relevamiento catastral y dominial.
Desde la Casa Rosada y por cadena nacional, la Presidente sostuvo que la iniciativa tiene «el objetivo de la protección de un recurso estratégico no renovable», aunque aclaró a los empresarios que la medida no será retroactiva «porque eso sería cambiar las reglas del juego». No obstante, el anuncio logró que inmediatamente los dirigentes de la Federación Agraria y diputados oficialistas y de centroizquierda respondieran con satisfacción (ver aparte).
Otro guiño al sector de los grandes empresarios fue la aclaración de la jefa de Es-tado respecto de que la iniciativa busca mantener el territorio en manos «nacionales», y no «estatales», «para que no hablen de estatización».
El proyecto de Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales busca proteger los recursos productivos del país, indicó la mandataria, en el contexto de un fuerte aumento de los precios internacionales de las materias primas, dado que la Argentina es una de las potencias alimentarias, con fértiles tierras y una cosecha de granos estimada para este año en más de 100 millones de toneladas. El país tendrá exportaciones en 2011 por unos u$s 35.000 millones. Por eso, en sus considerandos, el proyecto advierte que la tierra es un recurso «estratégico natural escaso y no renovable, de significación estratégica para el desarrollo humano y social».
Propietarios
Estadísticas de la Federación Agraria (FAA), que agrupa a pequeños y medianos productores, señalan que 20 de los 180 millones de hectáreas productivas están en manos extranjeras. Es decir, más del 11% del territorio nacional, de los cuales algunos grandes propietarios extranjeros son los estadounidenses Douglas Tompkins y Ted Turner, el británico Joe Lewis (dueño del Hard Rock Café) y los hermanos italianos Benetton.
Lo cierto es que no existen datos oficiales sobre la tenencia de tierras en manos extranjeras. La Argentina tiene «un déficit de información acerca de cuál es el estado dominial de nuestras tierras rurales», dijo Cristina, por lo que el proyecto de ley dispone crear un registro único nacional de tierras rurales, en el ámbito del Ministerio de Justicia, que tendrá la facultad de requerir datos a las dependencias provinciales competentes en registración y catastro inmobiliarios.
La limitación a la tenencia de tierras en manos extranjeras es una antigua demanda de la FAA, que cuenta con varios representantes en el Congreso que ayer adelantaron su apoyo al proyecto. El titular de la entidad, Eduardo Buzzi, recordó que «ya en 2002 la entidad había presentado un primer proyecto de ley sobre este tema» y agregó que «no hay proyecto nacional viable si se mantiene la extranjerización y concentración actual».
En los últimos meses, capitales asiáticos anunciaron grandes inversiones para explotar tierras agropecuarias en la Argentina, buscando asegurar la provisión de materias primas para elaborar alimentos.
Según establece el proyecto, «un mismo titular extranjero no podrá superar las 1.000 hectáreas, cualquiera sea su lugar de ubicación, y su cómputo se determinará por la Autoridad de Aplicación». Tampoco podrá haber más del 30% en manos de una misma nacionalidad. La Presidente aclaró que la regulación «deberá adecuarse a las distintas zonas del país», porque no es lo mismo la Pampa Húmeda que la Patagonia.
Copia
«No somos nada originales, nos hemos copiado de Brasil, de Canadá, de Estados Unidos, de Francia y de Italia, países del primer mundo que tienen fuertes restricciones a la adquisición por parte de extranjeros de sus propias tierras», dijo la jefa de Estado.
El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, agregó que «con este proyecto se protegen más de 200 millones de hectáreas argentinas, asegurando que el 80% de la tierra apta para la producción de alimentos y servicios ambientales quede en manos de los argentinos».
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