Default: bonistas locales preparan amparos masivos

Roberto Lavagna

Una ola de nuevas demandas ante la Justicia comenzará en setiembre contra el Estado argentino. El lanzamiento de la oferta definitiva para salir del default que efectuará el gobierno durante ese mes (según el calendario tentativo) desatará pedidos de amparos de miles de bonistas desencantados que no están dispuestos a aceptar el nivel de quita propuesto por el gobierno.

Varios estudios de abogados de primer nivel ya están preparando toda la documentación de cientos de tenedores de bonos que decidieron iniciar juicio tras conocer la nueva propuesta de la Argentina. Sin embargo, el consejo -en la mayor parte de los casos- es esperar a que se produzca formalmente el lanzamiento, pues este paso oficial daría lugar a la posibilidad de efectuar medidas cautelares, de resolución más rápida y de mucho menor costo.

Una gran cantidad de acreedores se envalentonó en las últimas semanas con la idea de iniciar acciones legales ante el incremento de las sentencias favorables en primera y segunda instancia de jueces locales ante presentaciones por el default. Claro que son pocos los inversores que consiguen recuperar el dinero de sus títulos en cesación de pagos. En general, se retiene dinero de la recaudación, pero queda bajo tutela de los propios juzgados, a la espera de un fallo definitivo.

Uno de los principales inconvenientes que encuentran los que quieren iniciarle juicio al Estado argentino es que al comenzar el proceso ordinario se debe pagar 3% en concepto de tasa de justicia por el volumen total que se está reclamando. Se trata de un costo significativo, que se ahorra al iniciar un amparo.

• Abarcativo

El universo de los que están en condiciones de iniciarle un juicio al gobierno por el default es muy abarcativo. Por un lado, están los ahorristas locales, tanto por la tenencia de títulos emitidos l o c a l m e n t e (como BONTE, Letes o préstamos garantizados) como por papeles con jurisdicción internacional (caso típico de Global). También contempla a los inversores extranjeros que tengan títulos arge n t i n o s , aunque con la salvedad de no haber iniciado una acción similar en tribunales extranjeros, como Nueva York, por ejemplo.

Los inversores locales tienen prácticamente la mitad de la deuda en default, aunque en las estadísticas oficiales figura 38%. Se estima que son más de 250.000 los tenedores de bonos locales, sin contabilizar las tenencias «indirectas» de bonos de nueve millones de argentinos a través de las AFJP.

Uno de los problemas de los inversores locales para iniciar demandas es que en muchos casos no tienen sus bonos declarados impositivamente, por lo cual no pueden presentarse en tribunales locales. Quienes sí los tienen declarados igual podrían correr el riesgo de sufrir duras investigaciones de la AFIP como contraataque.

El abogado Eugenio Bruno detalló, en una conferencia para bonistas: «Existen antecedentes favorables, incluso de fallos de la propia Corte Suprema, que aceptan diferir los plazos de pagos, pero no cambiar la moneda ni alterar los derechos que brinda la tenencia de los títulos».

Las demandas presentadas ante la Justicia aluden tanto a la cesación de pagos del gobierno argentino como a la pesificación de los bonos que el gobierno dispuso para todos aquellos papeles de jurisdicción local.

Si bien se habló mucho en los últimos meses del juez Thomas Griesa, que tomó el grueso de las causas radicadas en Nueva York, la realidad es que hasta ahora varios juzgados locales resultaron más expeditivos.

• Acciones millonarias

Entre las demandas presentadas en el exterior, hay algunas millonarias, como el caso del inversor Kenneth Dart (u$s 750 millones), y otras colectivas, a través de las presentaciones «de clase».

El estudio Brouchou, que asesora legalmente al equipo económico que comanda Roberto Lavagna, busca minimizar la posibilidad de juicios. Por eso, se diseñó un formulario de la oferta que cierra la posibilidad de futuras demandas por parte de quienes hayan aceptado. Los encargados de distribuir la aceptación serán los bancos locales que integran el sindicato asesor (Nación, Galicia y Francés) y las sociedades de bolsa.