En las próximas horas se conocería una resolución del gobierno por la que se fija un impuesto adicional a las exportaciones de gas. La medida afectará sobre todo a Chile, que importa actualmente unos 15 millones de metros cúbicos diarios, mientras Brasil prácticamente no compra y Uruguay está recibiendo en las últimas semanas un volumen de 230.000 metros cúbicos en forma transitoria.
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La resolución argentina se fundamentaría en la necesidad de equilibrar importaciones y exportaciones de gas, ya que desde mañana rige una suba que oscila entre 40 y 50% en el gas comprado a Bolivia. Se presume que el impuesto a la exportación también entrará en vigencia mañana, y se acumulará sobre la retención de 20% que se aplica desde mayo de 2004.
Todavía no está claro cuál será el aumento en el precio del gas en boca de pozo que se exporta a Chile, pero ya se sabe que no se cobrará el millón de BTU a u$s 5, aunque éste será el precio que se pagará a Bolivia.
En apariencia lo que se hará es prorratear la diferencia entre el precio de importación y el de exportación (u$s 5 y u$s 1,70) entre los distintos contratos con lo cual el valor de las ventas al exterior terminaría rondando u$s 3.
Según la prensa chilena y las agencias de noticias, la administración de Michelle Bachelet trabajaba ayer contrarreloj para presentar una respuesta a una decena de alternativas que le habría planteado el gobierno argentino para cobrarle el impuesto.
Reuniones
La ministra de Minería y Energía, Karen Poniachik, mantuvo en los últimos días reuniones con firmas importadoras del combustible, empresas y especialistas con el fin de encontrar la fórmula que tenga menor impacto en los consumidores chilenos y en el índice de inflación.
Según la funcionaria, las tarifas que cobran las generadoras eléctricas que producen con gas argentino y la distribuidora Metrogas podrían absorber el aumento en el precio del gas argentino.
El diario trasandino «El Mercurio» estimó esta semana que un usuario residencial tipo paga una factura de gas de u$s 46 mensuales, mientras en la Argentina oscila en u$s 8, por lo que se deduce que los transportistas y Metrogas de Chile estarían en condiciones de no transferir el alza a los usuarios.
«Estamos trabajando con nuestros técnicos y los de la Argentina de la Secretaría de Energía evaluando las distintas opciones y ahora estamos básicamente considerando los distintos criterios de aplicación de este impuesto, léase si será un impuesto móvil o fijo», agregó.
«Tenemos una urgencia, en el sentido de tiempo, considerando que cualquier fórmula tiene que ser adoptada antes de mañana y creo que ésa es la primera prioridad en este momento de este ministerio», dijo Poniachik.
Pero el gobierno de Bachelet está muy presionado desde la oposición y las empresas, porque se lo acusa de no exigir el cumplimiento de los contratos que se firmaron con la Argentina entre 1995 y 1996.
Ayer, el canciller Alejandro Foxley asumió la postura más dura y dijo que la Argentina tiene «un doble discurso» en materia de integración.
Señaló también que Chile actuará con «firmeza y seriedad» para defender sus intereses frente a las últimas medidas aplicadas por nuestro país en materia energética.
Lo llamativo es que Chile sigue cuestionando la medida (no obligatoria) que permite a estaciones de servicio en áreas de frontera aplicar precios diferenciales a los vehículos con matrícula extranjera, cuando el problema más importante pasa por la exportación de gas.
«No puede haber un doble discurso de decir 'queremos integrarnos con el libre tránsito de personas y vehículos' y después poner un impuesto diferenciado para aquel que tiene una patente de color distinto», dijo Foxley.
De una postura más dura, el senador Sergio Romero, del opositor partido Renovación Nacional (RN), pidió al gobierno emprender represalias económicas contra la Argentina y llevar el reclamo ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
«Hay que golpear la mesa», dijo Romero. De la misma idea fue el senador Juan Antonio Coloma, de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
«Por favor, no viajen más, si a la vuelta de cualquier viaje va a implicar una sanción mayor a la que había antes», dijo el parlamentario, en alusión a la visita que hace una semana realizó Poniachik a Buenos Aires.
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