Deuda: poner fin a la "aventura" de hipotecar al país

Economía

Catalizadoras como ninguna otra cosa, las palabras del presidente Alberto Fernández en la última apertura de sesiones ordinarias del Congreso transparentaron la hoja de ruta del Gobierno con respecto al FMI. La decisión de impulsar una querella criminal contra los funcionarios del macrismo que solicitaron un crédito multimillonario al Fondo resulta sólo una parte de lo que debe analizarse.

Que el delito no quede impune. Que la virtud no quede proscripta. Son dos formas de abordar el obscuro capítulo del endeudamiento externo en nuestro país que tuvo lugar en los últimos años. “Que endeudarse no sea gratis y que, de paso, dejen de dar clases de economía los responsables”. Catalizadoras como ninguna otra cosa, las palabras del presidente Alberto Fernández en la última apertura de sesiones ordinarias del Congreso transparentaron la hoja de ruta del Gobierno con respecto al FMI. La decisión de impulsar una querella criminal contra los funcionarios del macrismo que solicitaron un crédito multimillonario al Fondo resulta sólo una parte de lo que debe analizarse. Si puede inferirse que se cometió un delito por medio de la comisión de actos de administración fraudulenta en perjuicio del erario público, no es menos dramático verificar que el análisis que puede hacerse utilizando las distintas fuentes de investigación le da sustento a cada hipótesis enhebrada y son de una evidencia alarmante.

En rigor, por debajo de esas argumentaciones, preexiste desde hace meses, un informe oficial del Banco Central vinculado al funcionamiento (acceso y regulación) del mercado de cambios en el período comprendido entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. Si un dato pudiese hacer justicia a todo el informe es éste: a lo largo de todo el período mencionado, la formación de activos externos (FAE) o “fuga de capitales” superó la friolera de u$s86.000 millones. Pero hay más: en ese universo de “fugadores”, en reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por u$s24.679 millones.

Pero al informe del BCRA, también puede sumarse el Reporte sobre Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015-2019, además de las presentaciones realizadas ante la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Oficina Anticorrupción, y asimsimo el trabajo de distintos grupos de análisis entre los cuales hay que destacar el equipo de “Proyecto Económico”, que lidera la diputada nacional Fernanda Vallejos, todos ellos, avanzaron en la identificación de los principales motivos de definen el fraude. Si bien resultaría de difícil faena el detalle de esos extensos trabajos, vale la mención de algunas de estas referencias.

Por un lado, se señala que las emisiones de deuda nunca tuvieron en cuenta el impacto en la balanza de pagos, requisito que establece la Ley de Administración Financiera (Ley 24.156) para considerar válidos los actos administrativos que autorizan a la colocación internacional de deuda externa. En ella se sostiene que el BCRA “deberá emitir opinión” sobre el impacto en la balanza de pagos, ante “operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa” (debe determinar capacidad de pago del país). Como es sencillo recordar, en ese periodo la Argentina avanzaba a una crisis de solvencia si se tomaba en cuenta los compromisos de pago asociados con la deuda que se iba contrayendo. Se señala que al cuarto trimestre de 2017, la cuenta corriente arrojaba ya un déficit de u$s8.738 millones, como resultado de la apertura indiscriminada de importaciones y la derogación de la obligación para que el sector exportador liquidase las divisas (la cuenta de capital resultó positiva en u$s8.338 millones, según el INDEC). Como se sabe, las autoridades políticas continuaron el camino del endeudamiento externo.

Otro eje a considerar es que el destino del crédito externo violó la prohibición expresa de utilizar los recursos originados en deuda externa con fines de financiar gastos corrientes, algo que se establece en la ley de crédito público.

Pero quizás un punto que ahora el Gobierno recupera con mucha fuerza y que debería garantizarle la posibilidad de gestionar un acuerdo que ayude a repagar el préstamo, es que el crédito stand by de u$s57 mil millones con el Fondo Monetario Internacional incumplió los procedimientos legales para su constitución, ya que se pudo determinar que el Poder Ejecutivo Nacional eludió la obligación de requerir autorización previa al Honorable Congreso de la Nación. Si bien en aquel momento el gobierno sostuvo que el artículo 60 de la Ley 24.156 exceptuaba de la obligación de contar con una ley previa para tomar deuda externa cuando el acreedor fuese un organismo internacional del que el país formara parte, lo cierto es que aquella disposición no se encuentra vigente. Según se consigna en distintos informes, desde agosto de 2010 quedó caduca la excepción prevista en el último párrafo del artículo 60 de la Ley de administración financiera y, por tanto, el Poder Ejecutivo no podía eludir la obligación de pedir autorización expresa al Congreso. A ello se agrega que el gobierno de aquel entonces tampoco cumplió con los requisitos elementales para celebrar válidamente un acto administrativo, toda vez que se desconoce la confección de expedientes y documentos de respaldo previo a la firma de los acuerdos. Fue Betina Stein, actualmente directora del Banco Central de la República Argentina, la que sostuvo que “…esos expedientes se inician cuando ya estaba firmada la carta de intención y los memorándum ya habían sido aprobadas por el Fondo Monetario y había llegado la primera remesa…”. En rigor, el dictamen jurídico que está agregado a estas actuaciones dice expresamente que se expide cuando ya está todo firmado.

Si bien existen numerosas evidencias que dan cuenta de la intención de endeudar al país más allá de las posibilidades que imponía la normativa (y la capacidad de repago de la Argentina), existe otro punto que da cuenta del desastre cometido y que incluso apunta a la gerencia del FMI. Como se sabe, los fondos desembolsados en el marco del stand by suscripto por el expresidente Macri y el Fondo Monetario Internacional, alcanzaron los u$s44.000 millones. Sin embargo, según el Balance Cambiario del BCRA, desde que se produjo el primer desembolso a mediados de 2018 y hasta noviembre de 2019, próximo a la finalización del mandato del anterior gobierno, la suma de la Formación de Activos Externos (neta) y la de la salida de capitales especulativos, es decir la fuga de capitales del país, superó en más de u$s 6.000 millones a la totalidad de los desembolsos realizados por el organismo. Es decir que más allá de lo que, por estatuto, tiene prohibido el FMI en su artículo VI, se avanzó en la concreción del crédito más importante en la historia del organismo.

Dejá tu comentario