La Cámara de Diputados convertirá hoy en ley el proyecto de reforma previsional que tiene como mayor atractivo para el oficialismo la apertura de pases del sistema de capitalización al de reparto por períodos de 180 días cada cinco años.
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El trámite no será corto. Esta última sesión del período extraordinario comenzará después del mediodía con una larga lista de temas a votar por delante. Una de las cuestiones mas conflictivas será el proyecto de normalización del PAMI.
Mientras avance las votaciones afuera se movilizarán columnas de la Asociación Trabajadores del Estado que apoyan la reforma previsional.
El proyecto incluye en sus 17 artículos el cambio en la presunción sobre los trabajadores que no optan por uno de los dos regímenes al momento de comenzar la relación laboral y que hasta ahora eran derivados al régimen de capitalización a los 90 días de ser registrados y disponer el libre pase de un sistema al otro por seis meses e insinuar un poco efectivo límite al Estado para evitar que use los fondos que acumule el sistema de reparto para financiar gasto.
Apoyos
Ese será hoy uno de los pocos puntos controvertidos en el recinto de Diputados. La ley, que fue aprobada por el Senado el 13 de febrero pasado, es apoyada por el Frente para la Victoria y el Peronismo Federal, en todos sus artículos, y por el radicalismoy el ARI apoyarán en general -convencidos de la idea oficial de abrir el pase de un sistema a otro-pero planteando disidencias. El PRO, mientras tanto, irá al recinto con su proyecto alternativo, pero toda esa combinación le garantiza al gobierno el número suficiente para aprobar el proyecto.
Tampoco tendrá oposición el artículo que dispone un tope de 1% a las comisiones que cobran las AFJP sobre el sueldo neto, para mejorar el aporte total al sistema. Más complicado será discutir en el recinto los límites al manejo de los fondos previsionales públicos que podrá hacer el Estado. Es lo que se llama fondo de garantía para la movilidad que está integrado por la recaudación de la ANSeS, ahora incrementada no sólo por los indecisos que quedarán en la órbita estatal -solamente por esa decisión le ingresarán $ 700 millones-sino también por quienes decidan su pase al sistema estatal.
Ese punto fue el más discutido en el Senado, donde la oposición, después de acordar una redacción en común con Sergio Massa, aceptó incluir un artículo que reza: «A los efectos de su preservación y sustentabilidad futura, los recursos pertenecientes al sistema de seguridad social integrados por los activos financieros de la ANSeS serán invertidos conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 24.156, debiendo únicamente ser utilizados para efectuar pagos de beneficios del mismo sistema».
Se pretendió con eso introducir una garantía para que el Estado no pudiera utilizar los fondos de la ANSeS en financiamiento público, aunque en realidad el efecto conseguido será poco. La Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado deja entonces un menú de inversiones acotado a la posibilidad de colocar los fondos previsionales estatales en Letras del Tesoro, Letras del Banco Central o plazo fijo.
Con la primera opción el gobierno ya puede retirar fondos de la ANSeS y destinarlos a financiar el Tesoro, como ocurrió ya en 2006, cuando el organismo se convirtió en uno de los principales prestamistas del Estado.
En la ley se amplía también el menú de inversiones para las AFJP incorporando junto a los títulos de deuda a los «certificados de participación en fideicomisos, activos u otros títulos valores representativos de deuda cuya finalidad sea financiar proyectos productivos o de infraestructura a mediano y largo plazo en la República Argentina».
Se obliga, además, a destinar a esas inversiones 5% de los activos totales del fondo y hasta un máximo de 20%. La intención es impulsar el financiamiento de proyectos productivos o de infraestructura.
Universalización
Otro de los puntos centrales del proyecto, y quizá el menos conocido, es la decisión de universalizar entre los aportantes el financiamiento y la cobertura de las contingencias de invalidez y muerte. Así el costo se imputará a la rentabilidad del conjunto de los fondos y no de cada una de las AFJP.
Además, se prevé modificar la presunción de la opción por el régimen público, para aquellos cuyo nivel de capitalización de aportes individuales no alcance para brindarles la prestación mínima que regula el sistema a una edad en que se hace necesario el amparo del Estado.
Tan discutidas como esas rispideces dentro de la reforma previsional será la conformación del nuevo directorio del PAMI dentro del plan de normalización del organismo. Así lo administrarán 8 miembros: 4 en representación del Estado, 2 por los jubilados y 2 por los trabajadores activos, uno por la CGT y otro por la CTA, que hasta ahora no tenía representación en la conducción de la obra social.
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