Se tranquilizó Eduardo Duhalde, ayer, cuando le informaron (eran las 8.45) sobre las notas centrales del fallo que emitiría la Corte en el caso San Luis. Finalmente, fue el mal menor, ya que la decisión del máximo tribunal no implicaba la devolución ya y en dólares del depósito que tenía esa provincia en el Banco Nación. En definitiva, la Corte no lo obligaba a cumplir su palabra apenas asumió ante la Asamblea Legislativa, cuando prometió devolverle en dólares a quien depositó en un banco en esa moneda. Otra noticia a favor del gobierno: el modo en que se resuelva la pretensión de San Luis de recuperar su depósito original se conocerá después de las elecciones, el 4 de mayo como plazo máximo. Además, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la pesificación de los depósitos (nada dijo de las deudas) que dispuso el gobierno. Duhalde festejó igual.
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A pesar de esa información temprana, Duhalde y su equipo sólo respiraron con cierta tranquilidad a las 11.30. A esa hora, desde el seno mismo de la sala de acuerdos de la Corte, les informaron el resultado del pronunciamiento: en líneas generales, se había evitado lo más temido, que los jueces siguieran el voto de Eduardo Moliné O'Connor, a quien se le atribuían disposiciones inquietantes para el oficialismo. Entre ellas, la de dar un plazo de menos de un mes para que el Banco Nación y la provincia de San Luis se pusieran de acuerdo en la forma en que se reconocería la dolarización del depósito. Además de dejar abiertas muchas alternativas, la posición de Moliné tenía un componente nefasto para Duhalde: hacía caer la resolución del tema en pleno proceso electoral. Por eso, este ministro fue, también, uno de los objetivos principales de todas las gestiones del gobierno hasta ayer.
El gobierno no estaba para festejar el pronunciamiento del tribunal. El Decreto de necesidad y urgencia Nº 214 es una piedra en el zapato, sobre todo desde que se impuso la moda de condenar a gabinetes enteros bajo la figura de la « asociación ilícita». Pero había razones para que Duhalde, Alfredo Atanasof, Roberto Lavagna, Alvarez y Aníbal Fernández respiraran, ayer por la tarde. El fallo lo conocieron en su texto completo a las 16. A esa hora, en el despacho del Presidente, esos funcionarios escucharon la explicación del administrativista Alberto Bianchi, amigo y ex compañero de estudios del ministro de Justicia que, paradójicamente, fue socio de quien desde Milán estaba encargado de explicarle el fallo a Carlos Menem, el ex ministro Rodolfo Barra.
Con los argumentos expuestos ante Duhalde, Lavagna y Alvarez (los llaman «la fórmula», por su sueño estival de ser presidente y vice) se presentaron ante la prensa, con dos objetivos en la cabeza. El de Lavagna, despejar en los deudores el temor sobre una dolarización de las acreencias bancarias. El de Alvarez, emitir un mensaje respetuoso hacia la Corte, que todavía debe resolver el resto de los casos de depósitos pesificados. En el cuarto piso de Tribunales, los jueces siguieron la conferencia de prensa por TV. Algunos de ellos llamaron por teléfono para agradecer y felicitar a los ministros. Sólo dos o tres: ni con el gobierno ni en las relaciones entre ellos las tensiones quedaron despejadas. Y basta leer el fallo que redactaron en minoría Juan Carlos Maqueda, Antonio Boggiano y Augusto Belluscio para advertir el nivel de los agravios que se cruzaron dentro de la Corte.
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