La autoridad monetaria derogó una norma que encarecía el financiamiento para productores con stock de granos. La medida busca normalizar el acceso al crédito y se inscribe en un proceso más amplio de desregulación.
El esquema se había aplicado para acelerar la liquidación.
El Banco Central (BCRA) avanzó en una nueva medida de flexibilización regulatoria que impacta de lleno en el financiamiento del sector agropecuario. A través de la Comunicación “A” 8418, la autoridad monetaria eliminó una normativa que imponía costos financieros adicionales a los productores que mantenían existencias de granos en sus acopios.
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La decisión, que rige para las operaciones concertadas desde el 10 de abril de 2026, pone fin a un esquema que durante años condicionó el acceso al crédito en función del nivel de stock de producción, encareciendo las tasas para determinados perfiles de productores.
En términos técnicos, la medida modifica el régimen de capitales mínimos que deben cumplir las entidades financieras. En particular, se dejaron sin efecto las disposiciones que obligaban a aplicar una mayor exigencia de capital por riesgo de crédito sobre las financiaciones a clientes agrícolas no MiPyME que mantuvieran acopios superiores al 5% de su capacidad anual de cosecha.
Esto implicaba que los bancos debían aplicar un coeficiente multiplicador de 4 sobre el capital requerido para otorgar préstamos a este segmento, lo que se traducía en un encarecimiento significativo de las tasas de interés. Con la eliminación de este factor, se espera que el costo del financiamiento se alinee con los niveles generales del mercado, sin penalizaciones por el volumen de granos almacenados.
La normativa ahora derogada había sido implementada en mayo de 2020 con un objetivo claro: incentivar una liquidación más rápida de las exportaciones agrícolas y reforzar las reservas internacionales del Banco Central.
En ese contexto, el encarecimiento del crédito funcionaba como un mecanismo indirecto de presión sobre los productores, que encontraban más conveniente vender su producción que financiarse a través del sistema bancario.
La penalización estaba dirigida específicamente a empresas que no calificaban como MiPyME. Para estos actores, mantener más del 5% de su producción en stock implicaba afrontar tasas sustancialmente más altas, con sobrecostos que, según estimaciones del sector, podían alcanzar hasta 20 puntos porcentuales en el costo financiero total.
El esquema se aplicó sobre financiaciones otorgadas desde mayo de 2020 hasta octubre de 2024 y se mantuvo vigente para créditos en pesos hasta abril de 2026, cuando finalmente fue desactivado por la autoridad monetaria. La eliminación de esta restricción representa un alivio para el sector agropecuario, especialmente en la antesala de nuevas campañas agrícolas, donde la necesidad de financiamiento para la compra de insumos y tecnología suele incrementarse.
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