19 de febrero 2002 - 00:00

EL DESAFÍO DE LA PESIFICACIÓN PARA LOS BANCOS ARGENTINOS

La anunciada conversión de los depósitos y préstamos denominados en dólares a obligaciones denominadas en pesos argentinos (ArP) ha dejado a los bancos del país con la dudosa recompensa de poder ahora cuantificar las pérdidas ocasionadas por la devaluación del peso que puso fin a los años de la convertibilidad. Las más recientes medidas parecen ser la última palabra del gobierno sobre el tema. El gobierno ha mostrado una estrategia desarticulada, primero mediante la devaluación del peso y la insinuación de que todos los depósitos se devolverían en su moneda original, luego el anuncio de la conversión de los préstamos denominados en dólares de menos de US$100.000 a préstamos en pesos a la par. Seguidamente ofrecieron cubrir las pérdidas a través del producido del impuesto a las exportaciones de petróleo, y por último, la redenominación de todos los préstamos a la par y todos los depósitos a una tasa de ArP1,4 por US$1. Standard & Poor's es consciente de las dificultades del gobierno en solucionar este problema (que él mismo ha creado), pero sin embargo considera que las medidas dañan tanto la devaluada cultura crediticia de los deudores argentinos como la deteriorada confianza de los depositantes. Llevará algún tiempo al menos unos años hasta que Argentina tenga nuevamente un sistema financiero absolutamente funcional. En su estado actual, sólo queda añorar los buenos tiempos pasados.

En un inesperado fallo de la Corte Suprema de Argentina el 1 de febrero de 2002, los jueces pronunciaron las restricciones a los retiros de depósitos como una violación de los derechos de la propiedad privada. El gobierno argentino debió posponer su anuncio de pesificar la economía (por ejemplo, desdolarizar todas las transacciones y redenominarlas en pesos) y declarar un feriado bancario de los dos primeros días de esta semana. Las medidas más significativas que finalmente se anunciaron son las siguientes:

§ Todos los billetes dólar deberán depositarse en el Banco Central argentino y convertirse en pesos a una paridad de ArP1,4-US$1.
§ Todos los préstamos denominados en dólares adeudados a los bancos argentinos se deberán convertir en préstamos denominados en pesos a una paridad de 1 a 1. El capital se indexará según la inflación y el Banco Central regulará la tasa de interés, estableciendo un límite. La cláusula de indexación no se aplicará durante seis meses, devengando el ajuste.
§ Los préstamos del gobierno denominados en dólares (resultantes de la primera fase del canje de deuda soberana finalizaron en el transcurso de 2001) pueden ser convertidos voluntariamente en créditos denominados en pesos. La tasa de cambio de esta conversión aún no puede determinarse.
§ Todos los depósitos denominados en dólares se convertirán a préstamos denominados en dólares a una paridad de 1 a 1. El capital se indexará según la inflación y el Banco Central regulará la tasa de interés, estableciendo un piso. Los depositantes cuentan con la opción de recibir un bono denominado en dólares para los primeros US$30.000 de sus plazos fijos.
§ Aparentemente, la deuda bancaria denominada en dólares permanece sin cambio alguno. Sin embargo, de acuerdo con las regulaciones a emitirse, el Banco Central argentino tendrá que autorizar cada transacción en divisas para las obligaciones financieras de tanto los bancos como las compañías.
§ Todas las medidas legales contra las restricciones de los depósitos quedan suspendidas durante 180 días. Aunque esta medida fue creada por el gobierno, frente al fallo de la Corte Suprema, ya se presentó en los tribunales cargos acerca de su inconstitucionalidad.

Standard & Poor's prevé que el impacto inicial de estas medias será un costo del orden de los ArP16,1 mil millones producto del ajuste de los depósitos que tendrá que cargar el sistema financiero, prácticamente todo el patrimonio del sistema. El gobierno ha anunciado que compensará estas pérdidas con títulos denominados en dólares a ser emitidos, mientras que también se está discutiendo la conversión de los préstamos del gobierno en las carteras de los bancos a una paridad de 1,4 como un mecanismo para contrarrestar las pérdidas.

El análisis de las pérdidas en dólares ocasionadas por la devaluación brinda otra perspectiva. De hecho, lo que las autoridades están diciendo es que los beneficios artificiales creados para los deudores mediante la reducción del valor en dólares de sus obligaciones se ven parcialmente compensados por las pérdidas de los depositantes ya que no existe un ajuste total de su valor en dólares a la tasa de cambio flotante y los contribuyentes, a través de la emisión de nueva deuda.

Habiéndose abordado el problema de los costos de la pesificación en todo el sistema financiero, queda por verse cómo funcionará el mecanismo de indexación, porque para ser neutral con respecto a no crear nuevas pérdidas bancarias, el tope y piso de las tasas de interés a ser fijadas por el gobierno tendrán que generar un spread lo suficientemente grande como para compensar la diferencia.

A pesar de los efectos técnicos de estas medidas sobre los balances bancarios, el daño ocasionado en la ya débil cultura crediticia será más duradero. Las empresas tanto grandes como pequeñas y los individuos, han recibido el mensaje de que el gobierno podría extender los plazos de pago si la crisis resultara ser lo suficientemente grave como para afectar a toda la economía. Aunque el rol adecuado del gobierno en tiempos de crisis es debatible, Standard & Poor's considera que la decisión de transferir parte de los problemas ocasionados por la devaluación a los depositantes y contribuyentes ha en definitiva dañado la credibilidad de las promesas de pago de toda entidad argentina.

El gobierno continuará ajustando estas medidas, de tal modo que cualquier conclusión con respecto a sus efectos se encuentra sujeto a cambio. A pesar de la expectativa de una flexibilidad regulatoria significativa por parte de las autoridades argentinas es decir que las instituciones afectadas continúen abiertas a pesar de ser técnicamente insolventes Standard & Poor's considera que el ambiente para los bancos en argentina será hostil o, en el mejor de los casos, no rentable en el corto a mediano plazo.



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