Vía ENARSA y Néstor Kirchner, la Argentina se comprometió por contrato a realizar un gasoducto a Bolivia (2006); la obra no se realizó, y los bolivianos podrían llevar el convenio a la Justicia. Tremendo golpe si se llegara a producir. Desde La Paz, el gobierno -a través de Sergio Ramírez, a cargo de la boliviana YPFB- afirma que no desarrollará campos de gas hasta que se realice la obra y se garantice un precio de mercado. Justo, precisó, además. O sea, que ENARSA hace la obra y, luego, ellos desarrollan los yacimientos. ¿No se podía, en lugar de este contrato de la hermandad-regional o en simultáneo, haber favorecido la propia producción nacional? Por lo menos, hubiera costado menos y, quizás, el país ya habría tenido mayor suficiencia en el suministro. Por el contrato, a la Argentina se le venderán -el día que todo se consume- entre 14 millones de metros cúbicos a 27,7 en unos veinte años, mientras hoy Bolivia, por el mismo contrato, debería estar bombeando 7,7. Apenas deriva entre 2 y 3 millones de metros cúbicos. Claro, no desarrolla campos por falta de inversiones y rechazo político al extranjero. Más que sonrisas fraternas, quizás se vengan juicios entre las partes, nadie asume responsabilidades y hasta es posible que alguien, en el futuro, demande a quienes suscribieron esos entendimientos incumplidos. Mientras, claro, poco gas.
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