El PJ quiere gravar a grandes pesificados

La licuación de deudas de las grandes empresas desembarcó ayer en el Congreso frenando el debate del presupuesto nacional para 2002, no porque interfiera directamente con el debate presupuestario sino porque no están de acuerdo en que se pesifiquen las deudas de las grandes empresas uno a uno mientras se perjudica a ahorristas y otros sectores. Por eso ayer el bloque peronista presentó un proyecto para aplicarle un impuesto especial a esas empresas a calcular sobre monto de la deuda que licuaron.

Con la firma de Humberto Roggero, Graciela Camaño, Carlos Brown, Manuel Baladrón y Juan Manuel Urtubey, el peronismo presentó un proyecto que, enmascarado bajo un plan de promoción a las PyMEs, crea un impuesto de 5% sobre el monto de toda deuda de empresas pesificada y que supere los u$s 3.000.000.

El proyecto crea un fondo nacional de desarrollo productivo que estará compuesto de:

• Una contribución obligatoria a realizar por las empresas cuyas deudas sean superiores a los tres millones de dólares estadounidenses a la fecha de la pesificación estipulada mediante el Decreto 214/02 del Poder Ejecutivo. La misma tendrá carácter extraordinario y surgirá de la aplicación de 5% sobre el monto de la deuda.

• Los aportes del gobierno nacional, organismos internacionales o extranjeros, entidades públicas y privadas, donaciones y legados.

La historia del proyecto comenzó con una reunión el lunes por la noche entre diputados del PJ y Duhalde, donde los legisladores atacaron el decreto de pesificación insinuando, inclusive, maniobras poco claras en su tramitación. La idea fue gravar a las grandes empresas que licuaron sus pasivos con la pesificación a través de un impuesto que tiene la excusa de promocionar a las PyMEs.

Hace una semana los diputados presentaron otro proyecto que limita la pesificación a u$s 1 millón para todas las deudas de empresas, argumentando que las grandes empresas son en la mayoría de los casos deudoras netas de impuestos al Estado.

• Costo futuro

Los diputados que intervienen en la redacción del proyecto, que ya está presentado y se quiere tratar junto con el presupuesto 2002, argumentan que «lo que se olvida, quizás, es que la verdadera perjudicada, a costa del sistema financiero, es la sociedad. Ahora viene a sufrir la licuación de las deudas de las grandes empresas, con un costo futuro que, por ser incierto en este momento, no hace menos gravosa a la carga popular en el futuro», dicen.

Un trabajo elaborado por estos diputados indica que 99,92 por ciento de los deudores, que son 8.334.017, registran pasivos inferiores al millón de dólares, por un total de 98.279,774 pesos, mientras que 0,075 por ciento restante, lo componen 6.275 grandes deudores, que tienen un acumulado de 50.230,272 millones de pesos. Desde el radicalismo, Beatriz Nofal también se opone a la licuación, pero el radicalismo de la provincia de Buenos Aires apoya la medida firmada por Duhalde. El oficialismo del Frepaso también apoya la licuación de pasivos, pero el ARI de Elisa Carrió directamente rechaza la idea de pesificar las deudas de las grandes empresas.