España lanzó la segunda reforma financiera en poco más de tres meses. El foco de atención se pone en el crédito teóricamente sano, para el que se exigen también fuertes provisiones. Las entidades que no puedan afrontar ese saneamiento podrán recibir ayuda del Estado al 10% anual. Además el Gobierno ha decidido también encargar a dos entidades autónomas que valoren toda la cartera de los bancos.
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El Gobierno de Rajoy ahora exigirá diferentes niveles de provisiones (el colchón con el que las entidades se protegen de las pérdidas) dependiendo del activo que haya como garantía. El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció que se incrementará del 7% al 30% de media la cobertura de los créditos sanos, en lo que supone un saneamiento que el funcionario ha cifrado en 28.000 o 30.000 millones de euros.
Además la reforma exige provisiones del 45% para el crédito promotor sin garantía hipotecaria o con suelo como garantía; del 22% para el que tiene como garantía promociones sin terminar y del 7% para las promociones terminadas. Eso se sumaría al 7% exigido ya con carácter general para todo el crédito promotor sano en los cambios anunciados en febrero. Con ello, las provisiones serían de hasta el 52% para créditos al corriente de pago.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que la reforma busca "dar credibilidad y confianza en nuestro sistema financiero, fortalecer los pasos que permitan recuperar el crédito en nuestro país y conseguir la venta de viviendas a precios razonables".
El gobierno encargará a dos expertos independientes la valoración de todos los activos inmobiliarios de los bancos dentro de un nuevo saneamiento del sistema financiero aprobado en Consejo de Ministros. Y prevé para las entidades que no puedan afrontar el saneamiento ayudas del Estado con intereses al 10%.
La reforma se produce después de la nacionalización de Bankia, la cuarta entidad del país y el grupo bancario con mayor riesgo inmobiliario. Las alarmas sobre el estado financiero español y la fiabilidad de sus datos encendieron las alarmas en Bruselas, que pidió que un auditor "autónomo" valorara el "ladrillo" de la banca.
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