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El eje de la reforma es la modificación del artículo 17 de la carta orgánica, por la facultad que brinda al directorio de la entidad para otorgar ayuda financiera a bancos con problemas de liquidez en forma ilimitada. Antes existía una limitación que era que ese auxilio debía ser devuelto a los 30 días. Ahora no hay un plazo determinado.
Esta discrecionalidad puede dar lugar a hechos sospechosos de corrupción, ya que se puede ahogar a una entidad con un duro plan de encuadramiento y después favorecer a compradores auxiliándolos con subsidios, una vez que se hagan cargo del banco. En la década del '80 hubo notorios cambios de dueño de entidades financieras con problemas. Más que capital, se necesitaban buenos contactos con el Banco Central. Este además puede emitir dinero para que el gobierno cubra sus déficit de presupuesto.
Teóricamente ese adelanto de billetes sin respaldo debería ser devuelto a los 12 meses y sacado de circulación, algo que sólo ocurre en economías fuertemente disciplinadas.
Lo más peligroso de la reforma es la cantidad de grifos que abre para la emisión de dinero que pueden alimentar la escalada del dólar y la inflación.
Esto se conoce como política monetaria activa, algo que en la Argentina fue utilizado para no recortar gastos y eludir cualquier disciplina fiscal.
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