El problema de la deuda ha sido una limitante permanente a las posibilidades de crecimiento y desarrollo de los países periféricos. Nuestro país, desde la recuperación democrática, ha estado signado por crisis recurrentes, estrechamente vinculadas con el problema de la deuda externa, que creíamos haber dejado atrás hasta que la administración Macri reinició el ciclo. El enorme volumen de deuda contraída entre 2015 y 2019, en el mercado voluntario, primero, y luego mediante el préstamo stand by obtenido contra el FMI, puso en jaque, una vez más, el futuro de todos los argentinos y argentinas. Esta deuda, tan dañina para el país, se contrató, además, al margen de lo que prescriben las normas vigentes, por lo cual debe ser investigada judicialmente para determinar la responsabilidad civil, penal y patrimonial que les pudiera corresponder a los ex funcionarios que intervinieron.
Una vez más, la fuga de capitales -y no la inversión productiva en proyectos de infraestructura o desarrollo- fue el destino final de los fondos obtenidos por aquel gobierno mediante el endeudamiento externo. Para el periodo 2015-2019, el Balance Cambiario del Banco Central muestra una Formación de Activos Externos (neta) superior a los u$s 88.000 millones; en tanto la contabilidad del INDEC, a través del Balance de Pagos, da cuenta de que el crecimiento de los activos externos del sector privado no financiero, durante ese periodo, superó los u$s 103.000 millones. Este maridaje entre deuda externa y fuga de capitales se ha repetido como una constante en la fase neoliberal de la historia argentina que comienza con la irrupción de la última dictadura cívico-militar. Un círculo vicioso, además, directamente emparentado con la evasión fiscal de los grandes contribuyentes, en tanto se estima que, al menos, el 70% de la riqueza exteriorizada no se encuentra declarada ante el fisco nacional.
Cargando el lastre de una deuda insostenible, Argentina llegó a finales de 2019 en una situación muy delicada: con indicadores de desempleo y pobreza alarmantes y desigualdad en avance, evidenciando un notable retroceso respecto de los valiosos avances que nuestra sociedad había construido en todos esos aspectos entre 2003 y 2015. El deterioro producido durante el gobierno de Macri, se reflejó en la múltiple emergencia votada por el Parlamento argentino en diciembre de 2019. Durante la pandemia, lamentablemente, se agudizó una situación que ya era grave antes del coronavirus. En este contexto, Argentina logró reestructurar su deuda con acreedores privados, logrando un ahorro de u$s 38.000 millones, una reducción de la tasa promedio de 7% a 3% y un periodo de gracia indispensable para enfrentar la crisis sanitaria y socioeconómica y encarar la reconstrucción de la economía antes de volver a pagar.
Es que la crisis desatada por la pandemia obligó -y obliga- a los Estados, en todo el mundo, a encarar respuestas urgentes e impostergables. Es casi de sentido común que, frente a una coyuntura tan grave, el pago privilegiado de la deuda no es compatible con la prioridad absoluta que exige el cuidado de la vida y la salud de los pueblos, primero, ni con la ineludible necesidad de reconstruir la economía, después de la pandemia. Este debería ser el primer marco de referencia en el cual inscribir la cuestión del arreglo de la deuda con el FMI.
Aquella deuda se contrajo, violentando la manda constitucional y las leyes argentinas que rigen la contratación de deuda pública, a mediados de 2018, cuando los mercados internacionales de crédito ya se habían cerrado para la Argentina y había comenzado una salida masiva de especuladores financieros que habían invertido en pesos a tasas astronómicas, en operaciones de corto plazo que dependían de la estabilidad del tipo de cambio, ya que una devaluación licuaba los activos.
Macri acordó con el FMI, sin intervención del Congreso Nacional, en junio de 2018, un Programa Stand By, inicialmente por u$s 50.000 millones, equivalentes al 1.110% de la cuota del país, que luego se amplió a u$s 57.000 millones en octubre 2018, llegando a representar el 1.277% de la cuota argentina. En condiciones normales para esta clase de préstamos, el límite máximo es del 435% de la cuota del país. El monto desembolsado finalmente alcanzó los u$s 44.000 millones, apenas un poco menos que los u$s 50.000 millones que el organismo destinó durante 2020, en el marco de la pandemia, para asistir a más de 80 países.
Se trató de un préstamo anómalo, por donde se lo mire. De hecho, para habilitar préstamos que sobrepasen el límite máximo, hubiera debido existir un análisis riguroso de la situación que, por supuesto, en el caso argentino no existió ni pudo haber existido en el exiguo plazo de un mes que fue lo que, de forma inaudita, se tardó en aprobar el crédito. Extraordinario, para tratarse del mayor préstamo en la historia del FMI, superando las experiencias de Grecia en 2013 o Portugal en 2014. La exposición a un solo país también da cuenta de la excepcionalidad que significó el acuerdo Macri-FMI: a fines de 2019 el préstamo a la Argentina representaba el 47,6% de la cartera del FMI. En la actualidad, si se toman en conjunto Egipto, Ucrania, Pakistán y Ecuador, los 4 mayores deudores del FMI después de Argentina, en conjunto no llegan a sumar el nivel de deuda que nuestro país tiene con el organismo.
Después del primer desembolso, el BCRA, dirigido por Caputo, anunció el inicio de las subastas para “adjudicar los dólares, que incluyen los provenientes (…) del financiamiento provisto por el Fondo Monetario Internacional, equivalente a 7.500 millones de dólares, para afrontar gastos denominados en pesos”. La cancelación de deuda en pesos con los fondos del FMI permitió que los especuladores que ahora querían dolarizar sus ganancias, pudieran sacarlas del país. Desde el primer desembolso del Stand By hasta el final del mandato de Macri, entre Formación de Activos Externos y salida de capitales “de cartera”, se fugaron de nuestra economía u$s 6.000 millones más que la totalidad de los desembolsos del FMI. Una flagrante violación al artículo VI del convenio constitutivo del organismo.
Desde ya, las condiciones pactadas para el pago de capital e intereses son, lisa y llanamente, inviables. Nadie en su sano juicio -mucho menos técnicos avezados en el manejo de información económica, como los del FMI- podría suponer que nuestro país tendría posibilidades objetivas de pagar u$s 44.000 millones, dos tercios de nuestras exportaciones anuales, entre 2021 y 2023. No obstante, sigue siendo igual de irrazonable que ahora, como solución a un préstamo que se otorgó pasando por encima de todas las reglas del organismo, sin el aval de la sociedad ni del Parlamento argentino y con el solo objeto de permitir la fuga de divisas, se pretenda que nos ajustemos a la rigidez de un Crédito de Facilidades Extendidas, devolviendo en las condiciones y plazos estipulados para un préstamo convencional, una deuda que, considerando los desembolsos efectivamente realizados, representó el doble de lo que el país hubiera debido obtener. Menos, por pura matemática, superponiendo esos pagos con los vencimientos de los nuevos bonos de la reestructuración con acreedores privados que el propio FMI convalidó. Menos aún, como señalamos al comienzo de esta nota, en el actual contexto de pandemia, que el FMI no debería ignorar a la hora de reclamar pagos a los países que tienen una deuda prioritaria: con la salud y el bienestar de los pueblos.
Lo cierto es que el organismo tiene capacidad legal, de acuerdo a su propio reglamento, para adoptar normas especiales en relación con el uso de sus recursos, sobre acuerdos como los de tipo Stand By y otros, algo que estaría sobradamente justificado en el caso específico argentino, habida cuenta de que, como hemos mostrado, se trata de encontrar una solución sostenible a un préstamo “especial” otorgado en condiciones “especiales”. Y, por supuesto, tiene capacidad política para hacerlo, así como la tuvo “para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección”, según reconoció el entonces representante de Estados Unidos en el FMI y hoy presidente del BID, Mauricio Claver-Carone.
Hay un único acuerdo posible, sostenible: uno donde cierre la matemática de las cuentas externas de la economía argentina. CON EL PUEBLO ADENTRO.
Diputada Nacional, Economista.
Dejá tu comentario