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18 de abril 2024 - 07:27

Fondos fidunciarios: Economía delega tareas a la Secretaría Legal y Administrativa

Se faculta a la secretaría para emitir la intervención u opinión previa, a las transferencias e instrucciones que se realicen a los fidunciarios. Sin embargo, las intervenciones u opiniones de la Secretaría de Hacienda deberán tener "carácter vinculante".

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Hace un mes, el Gobierno le dio el control absoluto de los fondos fidunciarios al Ministerio de Economía comandado por Luis Caputo. Ahora, mediante la Resolución 200/2024 publicada en Boletín Oficial, se delegó a a la Secretaría Legal y Administrativa nuevas tareas vinculadas. ¿Cuáles son los motivos?

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Según expresa el documento, por razones de "eficacia y celeridad en la toma de decisiones" se delegó a la Secretaría Legal y Administrativa el dictado de instrucciones al fiduciario, cualquier otra acción de carácter operativo y el ejercicio de las facultades de dirección en representación del Ministerio de Economía. Tal es así que se faculta a la secretaría para emitir la intervención u opinión previa, a las transferencias e instrucciones que se realicen a los fidunciarios. Sin embargo, las intervenciones u opiniones de la Secretaría de Hacienda deberán tener "carácter vinculante".

Nuevas tareas para la Secretaría Legal y Administrativa: en qué cosas deberá pedir autorización a Economía

Sin necesidad de Economía, la Secretaría tendrá facultad de aprobar y suscribir los modelos de adenda de los contratos de fideicomiso, a los fines de receptar las adecuaciones contractuales que resulten necesarias.

Qué son los fondos fidunciarios

Son fondos a través de los cuales el Estado nacional le otorga a una entidad ciertos recursos con el objetivo de que los administre en favor suyo o de un tercero. No pueden utilizarse para fines diferentes a los creados y cuentan con flexibilidad en su administración.

Los fondos fiduciarios tienen en todos los casos una asignación específica y los recursos no pueden destinarse a otros gastos presupuestarios.

Los presupuestos afectan directamente a los gobernadores provinciales y, según datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, representan cerca del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

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