Los jueces y tribunales de la provincia de Buenos Aires que intervengan en los reclamos por el denominado «corralito financiero» deberán remitir las actuaciones a la Justicia Federal. Así lo estableció una ley sancionada en la Legislatura provincial, que fue elaborada por el gobernador Felipe Solá.
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La norma, fija que a partir de su entrada en vigencia los jueces provinciales «pierden automáticamente la competencia y deberán remitir» las causas a la Justicia Federal.
La ley fue aprobada por el bloque del justicialismo, que cuenta con mayoría en ambas cámaras, y rechazada por las bancadas del Frepaso, el ARI y el radicalismo.
«Con esta norma estamos cercenando el acceso a la Justicia para solucionar problemas que padece el sistema financiero», afirmó el senador radical José Eseverri al fundamentar la posición del bloque.
Desde el justicialismo, el titular de esa bancada, Juan Amondarain, explicó que «es necesario adecuar la ley nacional a la legislación provincial».
La norma suspende el cumplimiento o ejecución de medidas cautelares que se hubieren decretado o sentencias que se hubiesen dictado en los procesos judiciales comprendidos en la Ley nacional 25.587, denominada «ley antigoteo».
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