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Como se ve, el gobierno ha intentado dar soluciones; lo que sucede es que no ha sabido encontrarlas. Su propuesta no cumple con el requisito básico de la legalidad (la que, mal que le pese, no puede sino ser la interpretada por la Corte Suprema de Justicia). No satisface a los ahorristas ni deja de perjudicar a los bancos, que deben financiar compulsivamente esta compensación. Está en el espíritu de los funcionarios de Economía el querer restaurar el patrimonio de los ahorristas todo lo posible, pero parten de la convicción equivocada de que es imposible. Así, es frecuente escuchar en sus declaraciones que ellos sólo están en sus cargos para «repartir miserias».
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