La Unidad de Investigación Financiera (UIF) es el organismo del Estado encargado de analizar, tratar y transmitir la información que permita prevenir e impedir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, corrupción, delitos cometidos por asociaciones ilícitas, fraudes contra la administración pública y prostitución de menores. Desde hoy, esa entidad estará vacante en la Argentina.
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La razón para que se produzca esta, digámosle así, rareza, es que los integrantes de la UIF tienen ya sus mandatos vencidos sin que esté claro cómo serán reemplazados. Se trata de cinco miembros. Uno de ellos, Alberto Rabinstein, fue designado por el Banco Central. Otro, Marcelo Saín, forma parte del «staff» por la Secretaría de Drogas y Narcotráfico (Sedronar) pero está en uso de licencia, cumpliendo funciones en la Policía Aeroportuaria. Alberto Rabinstein es otro director del Estado y representa a la Comisión Nacional de Valores, que lo ratificó el viernes pasado como delegado pero sin que se sepa dentro de qué estructura. Carlos del Río y María Meincke llegaron a sus puestos después de un concurso de antecedentes. Antes se desempeñaban en el Banco Central y en la Justicia, respectivamente. Son los últimos directores con mandato vigente: les vence hoy.
Para comprender la importancia de que este instituto quede vacante hay que ubicarse en la discusión internacional que envuelve los temas de lavado de dinero, en especial desde que se ha vuelto más agresiva la lucha contra el terrorismo. Por ejemplo, hay países que pueden quedar fuera de los circuitos de financiamiento multilateral del Banco Mundial y del BID si no tienen el control de calidad financiero que supone un sistema de vigilancia confiable. En el orden público, los países han delegado en un Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el monitoreo de estas garantías. En el caso de la Argentina, el GAFI alertó ya en cinco oportunidades sobre las deficiencias administrativas y jurídicas en el control del lavado de dinero.
Para el sector privado también comienza a ser urgente el establecimiento de esta red de seguridad. Las entidades financieras locales se ven cada día más requeridas de certificados de control por sus corresponsales de otros países. Demandan, con lógica, que exista seriedad y profesionalismo en relación con informaciones sensibles. Hacen bien: las filtraciones de datos en la prensa estuvieron a la orden del día. Y con datos falsos. El ex juez de la Corte Adolfo Vázquez, por ejemplo, fue acusado por Horacio Verbitsky de tener una cuenta no declarada en el exterior, pero el ministro pudo demostrar que no había cometido irregularidad alguna ( costumbres de Verbitsky, quien todavía no explicó cuál era la cuenta neoyorquina de aquella secretaria de la SIDE a través de la cual habrían pasado los fondos que sirvieron para pagar presuntas coimas en el Senado).
La sucesión de estos funcionarios es motivo de una puja política importante, que no se logró despejar con una nueva ley que regule el organismo, diseñe más claramente sus competencias y reorganice su conducción. Es cierto que Alberto Iribarne, el ministro de Justicia de quien depende la UIF, prometió esa norma en marzo, cuando se celebró un seminario sobre lavado de dinero en el Central. Pero todavía no pudo presentar su proyecto. Es probable que se vea obligado a reemplazarlo por un Decreto de Necesidad y Urgencia que, rápidamente, establezca quién es la autoridad en esa entidad.
Iribarne, se sospecha, tiene un candidato: Abel Fleytas Ortiz de Rozas, el actual titular de la Oficina Anticorrupción. Fleytas es un sobreviviente del equipo de Gustavo Béliz. Es decir, uno de los náufragos que recogió Alberto Fernández. Como se sabe, Fernández e Iribarne operan desde hace tiempo en combinación.
Otros candidatos
Sin embargo, desde otros rincones del Estado se alienta a otros candidatos. Zenón Biagosh es otro náufrago. En su caso, tripulaba la nave de Roberto Lavagna. Sigue en el Banco Central como director. Desde allí le gustaría ver al abogado Juan Martheau, experto en cuestiones de seguridad. Verbitsky, igual que tiene candidatos para otras áreas ligadas a la inteligencia, se ha propuesto también ubicar a uno de los suyos en un área tan decisiva: la que investiga la financiación del terrorismo, actividad a la que miró con buenos ojos en los '70. Su candidato es Julio Postiglione, en su momento asesor de Saín, el director que está con uso de licencia.
En el Congreso las inquietudes respecto del lavado de dinero carecen de un interés llamativo. Federico Pinedo, de PRO, es autor de un proyecto que recibió el apoyo de peronistas y radicales. Jorge Argüello, quien en su momento se asomó al problema, prefiere tratarlo más fuera que dentro del país: en su reciente visita a Washington se confesó en el Consejo Nacional de Seguridad sobre estas preocupaciones. Iribarne, mientras tanto, sigue imaginando su reforma: es posible que convierta a la UIF en un organismo unipersonal, tal vez con un vicepresidente en su comando.
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