Habría subas diferenciales de tarifas según el usuario

El ministro Roberto Lavagna volvió a hablar ayer de aumentos en las tarifas de los servicios públicos, pero esta vez admitió que los ajustes serán diferenciales por categoría de usuario y que «dejará al margen a los sectores de menores recursos».

El ministro dijo que los aumentos «no son inminentes», pero sí necesarios «para no dejarle una carga a la próxima administración». Dijo: «No es inminente un aumento, pero en algún momento sí va a existir, pero cualquier suba va a ser hecha con una estructura por categoría de usuario que deja al margen a los sectores de menores recursos».

La declaración de Lavagna se encuentra en línea con una propuesta formulada por las empresas petroleras en relación con el precio del gas, según la cual el valor del producto subiría para los usuarios industriales y se mantendría congelado para los hogares hasta el 30 de setiembre.

Sobre la base de ese acuerdo que hace un mes firmaron el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y las petroleras, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), elevará hoy una propuesta a Economía, que incluye:

• el precio del gas (que equivale a 30% de la tarifa para residenciales y a 40%-50% para industrias) subiría para la industria con retroactividad al 1 de este mes, con un primer ajuste de 30% y, después, ajustes escalonados;

• en cambio, el precio del producto, que es lo que perciben las petroleras, quedará congelado para domicilios y subirá para las centrales térmicas cuando se ajuste el precio mayorista de la electricidad;

• el margen que perciben transportistas y distribuidores de gas subirá para todos los consumidores, pero quedará congelado para los hogares de menores recursos, que son los de menor consumo, y representan 30% de los clientes residenciales;

• el Enargas fundamentaría su propuesta en que las concesiones de gas «no manifiestan incumplimientos en los contratos», pero están al borde del default operativo. Por ejemplo, Camuzzi Gas del Sur estaría pagando 10% del gas que consume y 10% al transportista, lo que podría provocar nuevos problemas de abastecimiento en la Patagonia.

Lavagna se reunió ayer con la comisión renegociadora de los contratos de servicios públicos, para analizar, según se presume, un aumento en las tarifas de luz, gas, teléfonos y agua.

Según un comunicado oficial de Economía, en la reunión se analizó «la marcha de los trabajos técnicos y la situación jurídico-contenciosa». Se entiende que, en este último aspecto, se habría analizado la situación con el fallo de la Justicia en primera instancia que prohíbe ajustar las tarifas de servicios públicos, tras un recurso presentado por el representante de las asociaciones de usuarios en la comisión, Ariel Caplan.

Según el mismo comunicado, Lavagna «señaló pautas adicionales que reflejan aspectos macroeconómicos que deberán ser incorporados en el análisis» de la comisión.

Con anterioridad a la comunicación escrita, fuentes del Palacio de Hacienda habían afirmado: «No hay nada resuelto y no está previsto que la comisión vaya a elevar hoy un informe al ministro».

Según trascendidos confiables, el ministro se estaría inclinando por un esquema similar al del gas con la electricidad. La diferencia es que, en este caso, resta saber qué actitud adoptarán las generadoras de electricidad, esto es, si aceptarán precios diferenciales para la industria y para los hogares.

En el caso de Aguas Argentinas, también podría adoptarse el mismo criterio, porque esta empresa está reclamando, antes que una suba de tarifas, que el Estado nacional abone facturas impagas. En cuanto a los teléfonos, el gobierno podría decidir un «sendero» para la dolarización de las llamadas internacionales, con lo cual habría poco impacto sobre domicilios, y se respondería a uno de los principales planteos de las empresas.

El gobierno se encuentra presionado por varias circunstancias:

• el fallo ya existente, y los que puedan producirse, prohibiendo aumentos de tarifas si no hay audiencia pública;

• la exigencia de la Ley de Emergencia Pública en cuanto a que, si se renegocian los contratos, las actuaciones deben pasar por una comisión específica del Parlamento;

• los problemas de caja de algunas privatizadas que ponen en riesgo la seguridad y el mantenimiento del servicio;

• las notificaciones de controversia de parte de los accionistas extranjeros de las privatizadas (ver cuadro).

En este último aspecto, según los tratados de protección recíproca de las inversiones entre la Argentina y los países inversores, luego de que una empresa comunica a la Presidencia y a la Cancillería que considera que se ha producido un daño con respecto a su inversión en el país, el gobierno tiene seis meses para negociar. En algunos casos, ese período vence en agosto, con lo cual los accionistas de las privatizadas podrían pasar a la segunda fase contemplada en los acuerdos, que es recurrir al tribunal arbitral vinculado al Banco Mundial (CIADI).

En ese caso, se sumarían más problemas internacionales para la Argentina, a la vez que también el Fondo Monetario está pidiendo que se revea el congelamiento de las tarifas de servicios públicos.