Hace 2 años, el corralito

La puesta en marcha del «corralito» por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, en un intento desesperado por mantener la convertibilidad, cumple dos años, y siguen sin resolución sus efectos principales. Aún en la Justicia hay 180.000 amparos de ahorristas por 14.000 millones de pesos contra el Estado y los bancos. El sistema financiero aún no se recompuso: sigue el equipo económico demorando el saneamiento de bancos y de su patrimonio neto, hoy en negativo. Se sumaron, además, amparos de «segunda generación». Fue el de Cavallo el inicio de una serie de medidas que lo único que lograron fue hacer más profunda la crisis.

Hace dos años, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunciaba la puesta en marcha del «corralito» en un desesperado intento por mantener la convertibilidad y frenar la continua caída de depósitos de los bancos y de reservas del Banco Central.

Paradójicamente fue diez semanas después de haberse aprobado en el Congreso la Ley de Intangibilidad de los depósitos bancarios, que en definitiva terminó siendo una muestra más de que la confianza del público y empresas no se obtiene por proyectos de ley o decretos (como hoy se sigue insistiendo).

Los efectos de la medida aún están vigentes: hay 180 mil ahorristas cuyos depósitos fueron confiscados (luego pesificados) que todavía aguardan una definición de los amparos presentados a la Justicia. La demanda es contra los bancos, pero también contra el Estado. Son litigios por $ 14 mil millones y aunque muchos han sido resueltos por las negociaciones entre los bancos, todavía queda que la Corte Suprema resuelva la cataratas de amparos que existen en los juzgados de primera instancia o en las cámaras. La cuestión pareció tomar rumbo cuando la Corte falló en el caso San Luis a favor de la redolarización de los depósitos y declaró inconstitucional los decretos de pesificación. Sin embargo, luego se terminó por demorar una sentencia que tuviera como referencia clara a los ahorristas particulares.

Por la crisis política, la debilidad estructural en la que había caído la administración de Fernando de la Rúa y la profundización de la recesión, tanto empresas como individuos se habían avalanzado sobre las ventanillas de las entidades para efectuar masivos retiros de fondos. Por esos días la tasa de «call» (préstamos interbancarios) había trepado a un imposible 300 por ciento anual, contra 7 por ciento que cotizaba algunos meses atrás.

Era evidente entonces que el plan de déficit cero lanzado por Cavallo en julio era un fracaso. En un fugaz viaje a Washington del equipo económico, el directorio del FMI rechazó una nueva ayuda. Incluso, por haber dado a Cavallo esos u$s 8.000 millones, la cúpula del Departamento del Hemisferio Occidental con Claudio Loser a la cabeza fue removida.

Eran tiempos en que De la Rúa perdía poder cada día. Tras las elecciones legislativas de octubre de 2001, un justicialista, Ramón Puerta, asumía como titular del Senado, y pasaba a ser el primer hombre en la sucesión presidencial. ante la renuncia del vicepresidente Carlos Chacho Alvarez. Puerta sería el primer presidente provisorio de una lista que completarían Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde.

¿Qué intentó Cavallo? Básicamente preservar el poco dinero que quedaba en los bancos dentro del sistema, limitando los retiros en efectivo a $ 250 (o dólares, en ese entonces) semanales por cuenta. El viernes previo a la vigencia del «corralito», cuando la tapa de Ambito Financiero alertó a la población de la medida que se iba a poner en marcha, se fueron del sistema u$s 1.080 millones. Las reservas del país cayeron u$s 1.129 millones.

Un cúmulo de errores cometió Cavallo, en comparación simplemente a lo que hicieron varios países que enfrentaron una corrida bancaria de esta naturaleza. En primer lugar, congeló los retiros de depósitos por 90 días. Nadie le creyó. Al permitir el traspaso de fondos, se mezcló el dinero de ahorro con el transaccional. El límite al uso de efectivo acentuó la caída de la actividad económica. No reprogramó depósitos (por lo menos en los bancos que estaban siendo objeto de retiros) pero tampoco intentó solucionar los problemas que motorizaban la crisis de confianza de los ahorristas. El Presupuesto 2002, entonces en el Congreso, ya era sabido que por primera vez en 10 años no sería aprobado antes del inicio del ejercicio.

Surgieron entonces diferentes mecanismos para violar las limitaciones impuestas al retiro de fondos.

Se profundizó la recesión (casi obvia, por «secarse» la plaza de efectivo), se interrumpió la venta de inmuebles (más la obvia paralización de cualquier obra, nueva o en marcha), se terminó el crédito bancario (obvio: los bancos no tenían recursos) y hasta el aumento en la inseguridad: el mayor peligro que se observaba era en los hogares, donde se encontraba gran cantidad de dinero por el público. Era un boom la apertura de cajas de seguridad en los bancos.

El conjunto de medidas aplicadas por Cavallo, además de limitar los retiros a un máximo de $ 1.000 mensuales, establecía el pago de cualquier operación sólo a través de cheques, tarjetas de débito y crédito o débitos automáticos; también se permitía hacer transferencias entre cuentas bancarias.

Para quienes tenían plazos fijos se podía proceder a renovarlos (en pesos o en dólares), u optar por acreditarlos en cuentas a la vista (corrientes, ahorro). Esta posibilidad quedaría anulada con el denominado «corralón», que aplicó el ministro Jorge Remes Lenicov -ya con Eduardo Duhalde como presidente designadoy que reprogramó todos los vencimientos de depósitos a plazo.

Por entonces la discusión entre la conveniencia de dolarizar el país o devaluar cobraba cuerpo, aunque todo ya era tarde. Las casas de cambio no registraban movimientos masivos, porque la gente no lograba hacerse de efectivo para comprar divisas. En sentido inverso, ya no se otorgaban más créditos en pesos en los bancos, y el comercio aceptaba financiar sus ventas sólo con tarjeta de crédito, pero en cuotas expresadas en dólares. Fiel a su estilo, Cavallo echó mano a los fondos previsionales; la diferencia esta vez fue que no lo hizo sólo con los aportes del público a las cajas estatales, sino que obligó a las AFJP a invertir 3.000 millones de pesos (o dólares) en Letras del Tesoro (Letes) por 120 días.

Como la franquicia de $ 250 semanales era por cuenta (y no por persona), la apertura de cajas de ahorro y cuentas corrientes se multiplicó por veinte en los primeros días del « corralito»; es que la gente abría la cuenta, se autotransfería fondos de las que tenía ya activas, y retiraba el máximo de cada una de ellas. El caos en lo financiero ya era total. Con el tiempo, el «corralito» por el impacto que tuvo, y lo complejo para ser desarmado, fue denominado «la peor medida económica de la historia».