Luego de que salieran a luz numerosas irregularidades, el gobierno quiere contar con una «radiografía» social y económica de cada uno de los 1.718.576 beneficiarios que, por intermedio del Plan Jefas y Jefes de Hogar, reciben mensualmente un subsidio estatal de 150 pesos por estar desocupados.
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Con este censo, que comenzó en dos municipios del conurbano y Rosario, se pretende detectar la potencialidad que cada desempleado tiene para integrarse al sistema laboral formal y, además, corregir errores de datos que sobre los beneficiarios tiene el registro oficial.
El fichaje lo harán asistentes del Ministerio de Desarrollo Social y no se referirá -según se informa-a cuestiones políticas o ideológicas. Se tratará de un proceso para determinar, entre otras cosas, el nivel de formación o cómo está integrada la familia de los subsidiados.
Se presume, por ejemplo, que muchos no inscribieron a todos sus hijos: el promedio, según la base de datos oficial, es de 1,2 hijo por beneficiario, cifra que en el gobierno consideran muy baja.
El censo es la etapa posterior, y potenciada, de la depuración de los padrones, ejecutada a través del Registro Unico de Beneficiarios que permitió, según el gobierno, eliminar el grueso de las irregularidades en la entrega de subsidios a desempleados. «Ya depuramos los padrones; ahora queremos saber qué potencialidades tiene cada beneficiario, de qué modo se puede integrar al sistema laboral», explicó ayer a este diario Daniel Arroyo, viceministro de Desarrollo Social, cartera que está a cargo de radiografiar a los desocupados.
El proceso está, a su vez, ligado a la ampliación del sistema de tarjetas de débito con el que, desde junio, comenzaron a cobrar unos 100 mil beneficiarios de Florencio Varela, Morón y Rosario (ver vinculada).
Y se vincula con la depuraciónde las anomalías en los padrones, hecho que fue demostrado por un informe de la Unidad Fiscal de la Seguridad Social (Ufises), a cargo del fiscal Guillermo Marijuán, al detectar que casi 3.000 empleados municipales cobraban el plan Jefes. «Antes había errores porque no teníamos todas las bases de datos junta; ahora lograron unirlas y por eso fueron surgiendo esos problemas, que se resolvieron dando de baja a los que cobraban en forma irregular», dijo Arroyo.
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