Aníbal Ibarra repartió poder ayer a 16 caciques barriales, presidentes de oficinas zonales, que dependen de una secretaría estratégica para la alianza política del jefe de Gobierno con Néstor Kirchner. Les dejará decidir junto con sus vecinos obras para los barrios por $ 1 millón a cada uno, un total de $ 16 millones que administrará, en realidad, el secretario de Infraestructura Roberto Feletti. Se trata de los 16 directores de Centros de Gestión y Participación (CGP), las reparticiones barriales que llevan trámites de impuestos locales, registro civil y quejas de consumidores básicamente. Son las bases que en su momento plantó el ex vicejefe de gobierno radical Enrique Olivera, como un preámbulo de la comunas en las que debiera dividirse la ciudad de acuerdo con la Constitución y contar con autoridades electas por los vecinos.
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Desde que asumió Ibarra su segundo mandato, en diciembre pasado, los CGP dependen de la Secretaría de Descentralización porteña, a cargo de Héctor Capacciolli, un kirchnerista ex compañero de estudios de Alberto Fernández, que enfrentó una dura puja con el gabinete ibarrista, precisamente al momento de tener que designar a esos presidentes barriales, que terminaron repartidos 8 a 8 entre ibarristas y kirchneristas del ala gobierno nacional.
Tienen ya un presupuesto de alrededor de $ 11 millones, entre los 16, que destinan a sueldos propios y clásico plantel de contratados, además de gastos de la sede. La partida, en cambio, no les deja hacer política, congraciarse con el barrio siquiera iluminando parajes inseguros. Quedan, en realidad, como les dijo Ibarra ayer como el «jamón del sándwich entre el gobierno y los vecinos».
Hasta ahora, no más que eso, pero ayer, por primera vez Ibarra abrió el juego de otra manera: podrán decidir obras públicas con los vecinos por un monto cercano al $ 1 millón cada uno, de acuerdo con la zona. El superávit que se proyecta para este año (cerca de $ 500 millones) facilita la adjudicación en un gobierno en el que nadie quiere bajar impuestos en beneficio de los vecinos. Ese reparto -que integra los fondos para obras públicas-se enmarca dentro de lo que se llama presupuesto participativo. Es cuando se convoca a los vecinos para que reclamen por arreglos en sus barrios o den sugerencias en qué debe gastar el dinero el gobierno porteño. En general, esas reuniones no suelen ser masivas (mucho menos, de gran concurrencia espontánea). Hasta ahora, se hacía una lista de sugerencias casi obvia, pero, en este caso, está destinada una porción del presupuesto para realizar los arreglos.
Ahora el cacique de barrio tiene un atajo para hacer su política. Podrá comprometerse a instalar semáforos, por ejemplo, u otros arreglos menores (más luces por seguridad, etc.) y hasta hacer de ello su propio corte de cintas en una zona en cual aspirará, seguramente, a postularse a ser el titular el día que se sancioneuna ley de comunas. Capacciolli cree que, de esta manera, se comienza con la idea de comunas. Cree también que, así, las relaciones de Ibarra con el kirchnerismo «van cada vez mejor», pero, fundamentalmente, que comienza a tomar sentido la secretaría que le fue asignada en su momento como parte del acuerdo preelectoral de Ibarra con el gobierno por su segundo mandato.
El anuncio ante los 16 directores de CGP lo hizo Ibarra junto con Capacciolli y Feletti en el auditorio del Banco Ciudad. Es la primera partida que el gobierno porteño asigna para que los vecinos definan obras para sus barrios.
Por otra parte, los $ 16 millones forman parte de la llamada Propuesta de Desconcentración Presupuestaria y constituyen 0,4% del presupuesto general de la Ciudad. «Mientras aún está pendiente la ley de comunas -les dijo Ibarra a los funcionarios-, sentamos las bases para fortalecer los organismos barriales, ya que lo que allí se decida siempre va a ser mejor.»
«Con esto -sostuvo-no vamos a dar una vuelta de página, pero les vamos a dar poder a los CGP.
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