La inflación en la Argentina sigue su escalada. No importa tanto ya cómo se la mide, sino qué medidas son necesarias para detenerla. Lo preocupante es que se repiten las recetas oficiales como si estuvieran teniendo éxito. En noviembre de 2005 comenzaron a gestarse los primeros acuerdos de precios. Luego sobrevinieron las prohibiciones a la exportación, más retenciones y controles a empresas. De nada sirvió. Hoy la inflación está en torno a 25% anual.
La carne, nuevamente, es la principal fuente de problemas para el gobierno. Pero el alza es consecuencia directa de las medidas ya lanzadas que desalentaron a productores, que gradualmente dejan la actividad. Ahora, Guillermo Moreno redobla la apuesta y seguramente se redoblarán también los aumentos. Estudia imponer precios de referencia a diferentes cortes, algo que no agrada a Martín Lousteau, pero que deberá convalidar.
El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, buscará cerrar esta semana un acuerdo con la industria frigorífica que le permita aplicar la vieja y criticada receta de fijar precios máximos para una docena de cortes de carne, considerados «populares». El método es objeto de fuertes críticas, mientras urge al gobierno llegar a una solución ante subas que llegan a 20% en lo que va de 2008.
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La decisión de armar una lista de precios tomó forma en la reunión que el funcionario mantuvo el jueves pasado con los principales referentes de la industria cárnica y derivó luego en nuevos contactos, aunque aún no se llegó a la firma de un texto oficial. «Se puede acordar en cualquier momento, las reuniones se están organizando con apenas dos horas de anticipación», advirtió una fuente del sector privado.
A rasgos generales, la estrategia tiene el visto bueno de los frigoríficos -que verían reducidos los envíos al exterior de 40 mil a 25 mil toneladas, para poder nutrir mejor el mercado interno- y del ministro de Economía Martín Lousteau. Por expreso pedido de la presidente Cristina de Kirchner, Moreno y Lousteau trabajan -incómodamentejuntos para intentar dar solución a los incrementos en la carne y el trigo, que repercuten- irremediablemente en la canasta alimentaria y el ajetreado índice de inflación.
Cerrar un acuerdo que incluya los mentados «cortes populares» (entre los que se encuentran el asado, la carne picada y la nalga) a precios fijos sería anotado como triunfo para Moreno. Implicaría aceptar subas de entre 8% y 12% respecto de los fijados en el último acuerdo del sector, que data de mayo de 2007 y venció el 31 de diciembre. Según ese texto, por ejemplo, el vacío debía valer $ 6 y el asado $ 5. Aun aplicando la suba, los valores estarán lejos de alcanzar la trepada real de los precios que este año fue de 20%.
Pesimismo
A su vez, en el sector de la producción ganadera y los carniceros -dos eslabones que no son tomados en cuenta por el gobierno en su plan de control del alza de la carne-no abrigan expectativas positivas sobre el rumbo oficial. «Aplicar precio a los cortes sería otro error del gobierno. El problema es que no hay hacienda, no importa en cuántos pedazos la cortemos», se lamentó Alberto Williams, que informó sobre «subas de entre 20 y 30 centavos por kilo de media res» en los últimos días. «El asado ya no bajará de $ 14 y la milanesa de $ 16, por ejemplo», indicó el carnicero, que calcula las subas desde diciembre -tiempo en que el gobierno autorizó a los frigoríficos a aplicar incrementos de 10%- llegarán a 20% computando los movimientos esperados a partir de hoy.
Desde el sector ganadero también tienen sus razones para no sentirse cerca de un acuerdo: aspiran a un compromiso de la Casa Rosada de que no se aplicarán precios de referencia para el ganado en pie. Al parecer, el gobierno aceptaría este punto, conforme con la fijación de valores para los cortes, tal como estuvo vigente entre abril de 2006 y mayo de 2007.
Un funcionario que no tiene respuestas para brindar a las cuatro principales entidades rurales (SRA, CRA, CARBAP y CONINAGRO) es el secretario de Agricultura Javier de Urquiza, que ayer viajó hasta Santa Cruz para participar de la inauguración de la 75 Exposición Ganadera de Río Gallegos y se encontró cara a cara con Luciano Miguens y Mario Llambías, titulares de SRA y CRA. «Hay sectores privilegiados de las cadenas agroindustriales, que discuten pensando en su bolsillo», atacó Llambías, que la semana pasada denunció, por medio de un informe de CRA que «se está liquidando la hacienda».
Por su parte, el titular de CARBAP, Pedro Apaolaza, recordó que «aún esperamos respuesta a la propuesta que entregamos a De Urquiza la semana pasada», en referencia al paper que acercaron proponiendo subsidios y medidas de protección para el sector productivo. CARBAP y la FAA contienen a los productores más nerviosos y no descartan iniciar medidas de fuerza en protesta por las políticas oficiales ganadera, lechera y del trigo.
CARBAP se reunirá hoy con el gobierno de Daniel Scioli en el marco de la mesa provincial productiva. «Queremos llevar nuestra posición y reunir al resto de los gobernadores de la provincias productoras», indicó Apaolaza. Uno de los mandatarios que mayor incidencia tendría para que los ganaderos logren incentivos para su producción es el santafesino Hermes Binner, que ya intervino exitosamente este año durante el conflicto del sector lechero y días atrás opinó que «hay que buscar el diálogo entre todos los productores, los frigoríficos y los trabajadores de la carne».
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