Incomprensible fallo antipaís

Si a la política económico-social del actual gobierno no se la mira, por un momento, en su real sacrificio del mediano plazo y del futuro del país -que es a lo que inexorablemente conduce, por ahora- habría que admitir ciertos logros últimos. Néstor Kirchner iguala a Carlos Menem en tener dos años consecutivos de superávit fiscal (ayer anunció el de este año de más de 4% del PBI). Se dirá que no es, precisamente, por la austeridad hoy en el gasto público sino por un excepcional momento externo, el mejor para el país desde 1954, con el agregado de la más baja tasa de interés en el lapso. En definitiva, entonces, por la suerte que, de haberla tenido -cuando menos parecida- hoy hasta Fernando de la Rúa, pese a su indolencia, estaría cumpliendo con comodidad su segundo período presidencial.

Se dirá también que putrefactando la economía con distorsiones como el impuesto al cheque o retenciones -algunas vírgenes en el país como la impuesta al petróleo hasta 45% sobre el precio del barril que llegó hasta 50 dólares, además de las más tradicionales al agro- cualquier mandatario y su ministro de Economía tendrían éxito. Es cierto. «¡Qué oportunidad única nos perdimos!», se escucha decir en reuniones -con razón- al economista Carlos Melconian, quien quizás hubiera sido conductor de la economía de Carlos Menem si el riojano hubiera ganado la última elección.

Se pueden enumerar muchas menciones de suerte pura y momento justo para lucirse hoy desde la Casa Rosada. Si le agregamos a esa suerte, tan oportuna, errores de grueso calibre en la administración de las arcas públicas tendríamos que, finalmente, hay más desméritos que motivos de aplauso para estos primeros 16 meses del nuevo gobierno. Pero, aun así, no se le puede negar a Néstor Kirchner, por ejemplo, igualarse a Menem en dos presupuestos del Estado continuos con superávit fiscal. Una valiosa excepcionalidad en los últimos 84 años a tal extremo que sólo Hipólito Yrigoyen se les puede sumar como tercero y último presidente que gastó -él en un solo presupuesto, el de 1920- menos de lo que ingresó en el Estado en 12 meses de recaudación en relación con el superávit del período. Debemos ir acostumbrándonos a esta medición porque haber tenido, a fines de 2001, la peor crisis socioeconómica desde 1930, llevó a la Nación a tocar fondo, y Kirchner y quien alguna vez lo suplante deberán seguir acumulando superávit anuales. No es para menos: llegamos al récord mundial de deuda pública en proporción a los habitantes. Kirchner el año próximo superará a Menem con tres ejercicios superavitarios y hará historia con otros más.

Aún no gobierna bien porque con la parte de tremendo superávit -sólo este año llegará a unos 6.000 millones de dólares- lo que no gasta en saldar deuda -y no paga a bonistas acreedores- lo emplea mal, por caso, subsidiando desde trenes y peajes a empleo público innecesario (17.000 «contratados» efectivizados en el Estado), pero no a fomentar grandes inversiones privadas como sería una baja puntual de impuestos antiproductivos, favorecer radicaciones, encarar infraestructuras en función también productiva y no, como hasta ahora, con fines políticos de reunir 600 personas frente a una tribuna. Admitiendo todas esas críticas -lógicas y justas, ciertamente- también hay que aceptar que la gestión Kirchner ha mejorado últimamente. Kirchner está ampliando el «Teorema Roberto Alemann» por el cual todo nuevo presidente el primer tercio de gestión -en mandatos de seis años eran los dos primeros y en 4 años los actuales 16 meses de Kirchner- se dedica a aprender equivocándose; el siguiente tercio -sobrevendría ahora para este gobierno-, a aplicar lo aprendido y es el más útil para el país. El tercero en la Argentina casi siempre es el peor porque el gobernante lo dedica a buscar su reelección. Obsérvese a Carlos Menem de 1990 a 1993 con hiperinflación, contradictorio, cambiando ministros de Economía, vendiendo YPF en Bolsa, de donde la retirara Repsol que luego compra 15% al Estado a precio irrisorio, cuando el barril de petróleo valía apenas 13 dólares. Tuvo sus mejores años de 1993 a 1996 y estropea sus logros, buscando la segunda reelección, desde 1997/'99. Kirchner entendió que bajo el eslogan «no criminalizar la protesta» avanzaba la anarquía, el desprecio al derecho de los ciudadanos, en general, por parte de un sector minoritario de piqueteros y entonces cambió. Aceptémosle que por amor propio político lo disimule de distintas formas, pero tiene proyectado cumplir con elevar de 3% anual a más de 4% para 2005 el superávit como le pide el Fondo Monetario y éste tendrá que reconocerle mañana la prórroga de, al menos, los vencimientos renovables con ese organismo de aquí a fin de año. Y hasta quizá logre que, después, le devuelva buena parte de los u$s 1.400 millones que no eran renovables y que se pagarán. Por eso, en consecuencia, es incomprensible el actual fallo de la nueva Corte Suprema que encareció enormemente el costo laboral en la Argentina al variar el límite a las indemnizaciones laborales. El « monto indemnizatorio» no es un derecho laboral como el salario, la huelga, la jornada humanitaria en horario o francos de descanso.

• Derecho laboral

En algunos países -Singapur entre otros- no existe como derecho laboral ni el retiro jubilatorio que lo deja al libre albedrío del trabajador para que ahorre, a voluntad, para su vejez.

Pero el que menos es considerado «derecho» es el... «pago por despido» y de hecho muchos países no lo tienen. Estados Unidos, por caso. Tampoco se conoce y hasta resultaría ridículo considerar un derecho «a la estabilidad del empleado público» que garantice de por vida a alguien la prestación a cambio de un sueldo, trabaje bien o mal. Los países más exitosos en su desarrollo y en brindar bienestar para su población no aceptan ni «estabilidades» forzadas ni encarecimiento por «indemnizaciones».

En Estados Unidos al despido sólo se completa el pago del mes. Puede sacar también una parte de su ahorro jubilatorio y acogerse a un serio seguro de desempleo muy controlado. Nunca se afecta a las empresas encareciéndoles sus costos.

¿Por qué entonces esta nueva Corte Suprema rompió una tradición y encareció enorme, brutalmente las indemnizaciones laborales que no son «derechos» reales de los que tienen trabajo y sí afectan directamente al del desocupado o semidesocupado sin ingreso fijo ni resguardos previsionales (casi 6 millones hoy en la Argentina, constituyendo el mayor drama social del país).

No hay aquí intencionalidad antiempresaria del gobierno porque se impulsará más desempleo (a la empresa le conviene mantener la misma planta y pagar horas extra alternadas porque rige para el «salario normal y habitual», no el más alto de un mes); impulsará la inflación (el que puede, el mayor costo indemnizatorio lo pasa a precio del producto); desalentará los aportes de capitales por lo cual este insólito fallo de la Corte le pega en la faz más endeble del gobierno Kirchner: la falta de inversiones serias. Para hacer el gasoducto nuevo del Sur debe presionar a Petrobras y al BNDES, Banco de Desarrollo de Brasil que si lo financia exige ingresar al mercado de la Argentina a constructoras brasileñas que luego se quedarán.

Para que Repsol YPF le financie a Tucumán un brazo del gasoducto que vendrá de Bolivia, la empresa española pidió que le aseguren el monopolio del consumo de gas en esa provincia a precio más caro que el del fluido que traen de Salta. ¿Cómo se le puede conceder eso?

Tan desesperado está el gobierno con el tema inversión, porque no hay futuro sin ella (ver cuadro), que el presidente Kirchner ayer hasta concurrió con Roberto Lavagna a la inauguración de una modesta novedad en la empresa Arcor en Luján, provincia de Buenos Aires. Apenas 6 millones de dólares de inversión. Para una compañía como la cordobesa de golosinas -que ahora agregó cuantiosa inversión en Brasil porque desde allí exporta mejor por la imagen mundial de Lula da Silva-, esos u$s 6 millones equivalen a que una familia pintase sólo la cocina de su departamento. O menos.

Al sindicalismo -aunque no lo pueda criticar por temor a la réplica piquetera- no le conviene un mayor monto indemnizatorio del cual el gremio no percibe nada. Tampoco aprecia un mayor pago que aumentará la desocupación porque los «sin trabajo» no abonan cuotas sindicales (salvo que logren extraerle al gobierno fondos públicos para solventarles a los desocupados la asistencia en las obras sociales gremiales, el gran sueño actual de la CGT para más enriquecimiento).

Desde ya no les conviene tampoco a las empresas por mayor costo cuando en 2005 vence deuda privada por 1.700 millones de dólares y 50% de las firmas no salió del default privado. ¿A qué obedece, entonces, este acto demagógico de la nueva Corte defensora de la Constitución, que actúa legislando en forma anticonstitucional? (Ver en página 4 análisis del Dr. Daniel Roque Vítolo).

Al parecer, el único del gobierno que estaba al tanto del fallo ilegal, anticonstitucional y contrario al mejor interés del país era el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que no lo consideró importante. Es sabido que este funcionario ignora totalmente el tema económico. A decir verdad, también los miembros de la Corte Suprema (quizá domine consecuencias en el tema económico -y no más que ligeramente- Antonio Boggiano porque, al menos, es internacionalista en temas de Derecho Privado).

Todo lleva a suponer que pasó en la Corte lo mismo que es habitual en el Congreso: alguien propone una medida -sería Enrique Petracchi en este caso- y los demás por demagogia temen oponerse y así salen fallos contrarios al interés general porque dañan innecesariamente al país.

Lo opuesto sería suponer que la nueva Corte inicia el camino que ya superó Néstor Kirchner, el consolidar poder principalmente ante el Legislativo. Sería penoso porque el país no soporta más estas actitudes.