Indagan a Mulford por el megacanje de la deuda
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«Un primer análisis de las probanzas permite sustentar la hipótesis de que, a través de la operatoria conocida como 'megacanje', los funcionarios nacionales que representaron al país, en violación de los deberes a su cargo, habrían obligado en forma abusiva a la Argentina con el propósito de lograr un lucro indebido para las entidades financieras», esgrime Ballestero en su dictamen.
En cuanto a De la Rúa, Horacio Tomás Liendo, Guillermo Mondino, Federico Sturzenegger y Ernesto Marcer, Ballestero resolvió no citarlo a indagatoria porque consideró que «no hay elementos de prueba suficientes que fundamenten el estado de sospecha». El mismo temperamento siguió con relación a Luis Ribaya, Pablo León, Jorge Bledel, Marcelo Castro, Andrea Camn, José Rohm y Miguel Gutiérrez.
El esta causa el 11 de marzo último los fiscales Eduardo Freiller y Federico Delgado pidieron las indagatorias en el marco de esta causa iniciada por denuncia de Juan Labaké a la que luego se sumó la presentada por los abogados Adrián Andreatta y José Fabris, en las que se menciona un multimillonario perjuicio para el país a partir de la firma del Decreto 648/01.
La norma, dictada a instancias de Cavallo, autorizó la renegociación de la deuda, y designó a siete entidades crediticias: el Banco de Galicia, el Banco Santander, el Banco Francés, Credit Suisse First Boston Corporation, HSBC Bank Argentina, JP Morgan Securities y Salomon Smith Barney como colocadoras de la operación.
Según el planteo de los fiscales Freiler y Delgado, el megacanje sólo habría servido para postergar los vencimientos «a cambio de un multimillonario aumento de lo adeudado».
Los fiscales aseguran que los servicios de intereses adicionales que el Estado deberá pagar como consecuencia de esta operación, según los primeros cálculos, totalizan 37.909 millones de dólares, además de lo que consideraron «altas» comisiones a los bancos por su intermediación.
«Se ha sustituido un calendario de pago por otro que representa un perjuicio equivalente a casi la mitad del total de la deuda canjeada» y que «para lograr un reducido alivio financiero en los primeros seis años, se agudizó la situación en los 24 años subsiguientes».




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