El radicalismo presentará hoy su informe final sobre el caso Greco. Allí revelarán una serie de informes que funcionarios de segunda línea de Economía le elevaron a Felisa Miceli, solicitándole que no avanzara con el pago de casi u$s 200 millones a los Greco por tener ese grupo deudas pendientes con el Estado superiores a ese monto.
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El informe es el resultado de la investigación que realizaron los senadores Gerardo Morales y Ernesto Sanz -denunciantes originales del escándalo en torno al fallido pago a los Greco- sobre las pruebas que, previa intimación judicial, les entregó el Ministerio de Economía el año pasado. En ese paper, los radicales mostrarán todo el camino que siguió el trámite de pago a las familias Greco-Bassil hasta llegar a la instancia en que Miceli envía al Congreso el proyecto de ley de ampliación de la emisión de bonos autorizada hasta ese momento para 2006. Entre esos bonos se incluyó un rubro, Pago a proveedores, en el que, casi escondidos, aparecieron los títulos para pagarle al ex grupo mendocino y que se frustró por la denuncia de Morales y Sanz en el recinto del Senado.
Ese camino se inició cuando Raúl Alfonsín firmó un acuerdo con los ex propietarios del grupo Greco intervenido durante la dictadura militar por el que se les reconocían algunas empresas y bienes que les habían nacionalizado. Como contrapartida, los Greco reconocían a su vez las deudas que mantenían con el Estado.
En el camino
Pero ese convenio nunca llegó a efectivizarse y finalmente terminó en la Justicia. Después de años de intentos de arreglar una solución, el Ministerio de Economía terminó allanándose a una homologación judicial por la que se les reconocía a los Greco más de $ 335 millones, que después convertidos en bonos llegaron a $ 600 millones. Quedaron en el camino sin presentar ante la Justicia todas las pruebas sobre los pagos que el Estado había hecho por deudas del grupo Greco y que nunca fueron compensadas.
Por eso, la investigación del caso siempre apuntó también a los funcionarios del área legal del Ministerio de Economía durante la gestión de Roberto Lavagna que intervinieron en la causa en el momento en que el Estado aceptó reconocer la deuda ante el juez Francisco de Asís Soto (que el radicalismo hoy cuestionará). En esa lista están Yolanda Eggink (directora de Asuntos Jurídicos), Osvaldo Siseles (subsecretario Legal) y Edgardo Pérez (secretario Legal y Administrativo). Entre los que siempre fueron cuestionados se suma Beatriz Pernás, la abogada que por orden de esos funcionarios llevó siempre la causa de los Greco.
Mientras los radicales presentansu investigación, en la Auditoría General se libra otra guerra en torno a los Greco.
Allí todavía está pendiente el informe que sobre el caso le requirió la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso hace más de un año.
Auditores
En línea con la presentación que hará hoy la UCR, ayer se reunió el Colegio de Auditores y giró el informe sobre el caso Greco a comisión.
Para la visión de los auditores peronistas, «el dictamen todavía está verde».
Esto significa que el kirchnerismo no está de acuerdo completamente con el contenido-actual de esa investigación.Si bien allí se dice que sin la intervención de Morales y Sanz en el Senado el pago se hubiera realizado, no hay mayores referencias a la responsabilidad que pudieron tener los funcionarios de Lavagna en el momento en que a los Greco el Ministerio de Economía les reconoció judicialmente la deuda.
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