La gestión agropecuaria ha alcanzado un grado de politización como hace mucho no se registraba en el país. Por citar un ejemplo: ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Balestrini, y el del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, le pidieron a la presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara, María del Carmen Alarcón, que renuncie a su cargo.
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Los motivos se mantenían anoche en la bruma aunque es sabido el nivel de discordia que generó dentro de la bancada oficialista la identificación, ya bastante antigua, que la diputada Alarcón mantuvo con el sector agropecuario.
Santafesina, ligada desde muy temprano a Carlos Reutemann, la legisladora lidera un grupo de diputados y dirigentes políticos denominado «Pampa Sur», una experiencia cercana a lo que podría concebirse como un partido agrario. Desde allí Alarcón emprendió en su momento una batalla en contra de la política seguida por el Ministerio de Economía en la administración de la Cuota Hilton, que la enemistó gravemente con el secretario Manuel Campos, quien resultó procesado por su desempeño en esa cuestión a instancias de una denuncia de los grandes frigoríficos.
Angustias
Anoche no estaba claro si Alarcón presentaría su renuncia o si se ataría a las columnas del templo provocando que la echen y, de ese modo, levantando la apuesta de su militancia agropecuaria dentro del recinto de la Cámara. De todos modos, el conflicto expresa a escala legislativa una de las angustias del gobierno en estos días: que el clima de tensión que se ha generado en torno al conflicto agropecuario y, más específicamente, a la política de carnes, desemboque en un paro agropecuario. Las medidas que se anunciarán hoy en Economía, como parte de un demorado «programa ganadero», aspiran a descomprimir ese clima agresivo. Anoche se prometía liberar las exportaciones en 30% y autorizar la salida de containers con remesas de mercaderías demoradas en el puerto, decisiones incluidas en un paquete de ayudas fiscales y crediticias a las que la Secretaría de Agricultura se venía resistiendo desde los tiempo de Roberto Lavagna por el costo fiscal que representarían.
Durante el fin de semana los principales funcionarios del Ejecutivo siguieron con atención el movimiento de las tormentas que se vienen gestando en el campo. Desde las primeras asambleas de Salliqueló y Trenque Lauquen (en este caso animadas por otro «Pampa Sur», el ex diputado Miguel Saredi) y en San Luis (aquí el matiz político lo agregó Adolfo Rodríguez Saá), una cadena de concentraciones de ganaderos quejosos terminó determinando la organización de un paro, el primero que se le realizaría a Néstor Kirchner con escala nacional.
Mañana está prevista una de estas reuniones en 9 de Julio, el jueves en Colón (Entre Ríos) y el viernes en Rauch. Según las informaciones que se recabaron el sábado, especialmente en la Jefatura de Gabinete, sería en Rauch que la huelga del campo encontraría una fecha.
Contraste
En este frente agresivo se destacan algunos dirigentes agropecuarios, mientras otros encontraron un margen de negociación con el gobierno. Al parecer, el comportamiento de Guillermo Moreno contrasta bastante en este caso con la imagen que proyecta buena parte de la prensa: terminó siendo un factor de conciliación con una franja importante del empresariado.
En ese campo acaso el dirigente más reivindicativo sea hoy Néstor Roulet, el vicepresidente de CRA. Encabeza una línea de oposición a la política oficial en la que figuran también varios militantes de Carbap: Alberto Gallo Llorente (9 de Julio), Jorge Srodek (Dorrego), Jorge Asurmendi (Vedia), Osvaldo de la Mata (Trenque Lauquen) y Luis y Juan Miguel Nocetti (Salliqueló).
En cambio figuras características de CRA, como su presidente Mario Llambías, funcionan hoy como puentes discretos con el gobierno, igual que Analía Quiroga o Jayo Ordoqui. Ninguno de ellos debería ser considerado, en sentido estricto, un « oficialista». En ese casillero tal vez quepa más cómodo Eduardo Bussi, el presidente de la Federación Agraria, de estrecha relación con Felipe Solá y Raúl Rivara, dos operadores discretos de Kirchner en esta área. No habría que descartar que estos bonaerenses hayan festejado la renuncia que se le pidió a la díscola Alarcón en una comisión que la provincia de Buenos Aires pretende desde hace tiempo para uno de los suyos.
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