La Corte aceptó pedido de San Luis contra retenciones

San Luis - La Corte Suprema aceptó ayer su competencia en la demanda iniciada por el gobierno del peronista crítico Alberto Rodríguez Saá contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de las normas sobre derechos de exportación dictadas a partir del 1 de enero de 2002, incluidas las polémicas retenciones móviles que dispararon el conflicto con el campo.

En el acuerdo de ayer, además corrió traslado al gobierno nacional para que comparezca al juicio y dé su respuesta a la demanda en el plazo de 60 días.

La pretensión de la provincia apunta también a recibir una compensación por la diferencia entre lo que obtuvo en ese período en materia de coparticipación federal de impuestos y «lo que hubiese percibido de no haberse aplicado» las normas que busca impugnar.

Pérdidas

De esta forma, ahora el máximo tribunal se sumergió de lleno en la grave puja entre Cristina de Kirchner y los ruralistas, por las retenciones móviles, que lleva ya más de 90 días y que mantiene en vilo al país.

La presentación de San Luis -concretada a fines de abril pasado- responde a las pérdidas que las retenciones le generan a la provincia por «afectar a la coparticipación federal». Por esta razón, el avance de esta causa es seguida con lupa por otros mandatarios, algunos de los cuales analizan la posibilidad de avanzar en una presentación similar. Incluso el gobierno puntano exhibe como un logro el hecho de que otros Ejecutivos provinciales -hasta algunos oficialistas- le hayan requerido ya, para su evaluación, los fundamentos de la demanda.

No se trata, en rigor, de la primera embestida judicial de Rodríguez Saá contra la Casa Rosada, al ritmo del destrato que los Kirchner le imprimieron a San Luis por el posicionamiento crítico de su gobierno. Por caso, días atrás presentaron un amparo ante la Justicia por la discriminación que dicen sufrir en el reparto de fondos, y que se traduce, entre otros ejes, en la reticencia de la Presidente en recibir al gobernador. La demanda por las retenciones ingresó directamente a la Corte como «juicio originario», porque se trata de la presentación de una provincia contra Nación.

La decisión del máximo tribunal se dio a conocer precisamenteel día en que Rodríguez Saá recibió en la Casa de Gobierno sanluiseña a los representantes de la Mesa de Enlace Agropecuaria (ver aparte). Ayer, el posicionamiento fue festejado por los dirigentes agrarios nacionales. «Si nos cortan el camino político, nos queda el camino judicial», destacó, por caso, el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, además de mostrarse confiado en que la Corte «dé una resolución final» al conflicto.

Argumentos

En el escrito -patrocinado por el ex ministro de la Corte Rodolfo Barra, y firmado por Rodríguez Saá-, el gobierno provincial indicó que las retenciones «afectan a la coparticipación federal». En esa línea, pidió la inconstitucionalidad de «todos los derechos de exportaciónque hayan sido establecidospor el Estado nacional a partir del 1 de enero de 2002, de las leyes nacionales que prorrogaron la emergencia pública declarada por la Ley 25.561 y de la delegación que, en la materia, autoriza el artículo 755 del Código Aduanero».

Según fuentes locales, con las cosechas de este año y el nuevo esquema de retenciones a las exportaciones a los granos, el gobierno nacional se llevará $ 400 millones de San Luis.

Semanas atrás, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, y la procuradora fiscal Laura Monti se había pronunciado a favor, dictamen mediante, de la competencia originaria del máximo tribunal. Por caso, Righi admitió que la presentación judicial es oportuna porque durante los últimos seis años el Estado nacional le transfirió a la provincia 250 millones de pesos menos, producto de las retenciones.

Para el líder del peronismo antikirchnerista, el uso abusivo de recursos impositivos como las retenciones provoca efectos distorsivos de la economía y de la política nacional, como «el desaliento a los sectores productivos más dinámicos, el empobrecimiento de las provincias, la debilidad del federalismo, el unitarismo fiscal, la utilización arbitraria de recursos por parte de autoridades nacionales (incentivando el clientelismo político), el condicionamiento de las autoridades provinciales y su sometimiento al poder central».