Los jueces del máximo tribunal no están conformes con la suba previsional otorgada, porque el Ejecutivo, al disponer un aumento de 13%, desobedeció su orden de fijar una «fórmula» para el ajuste automático de los haberes. Hay varios elementos para considerar en este caso, central, por cierto, por sus implicancias. La Corte aguardaría ahora nuevos reclamos de algún jubilado para señalar el incumplimiento. Ya de por sí, el gobierno debió modificar el Presupuesto e incluir 4.100 millones de pesos adicionales el viernes último. La diferencia entre el Ejecutivo y la Corte es una muestra más de que la relación dista de ser la mejor. Al gobierno le preocupa que los jueces intenten imponer medidas (cárceles, Riachueloy ahora jubilaciones). A esto se suman los reiterados pedidos para completar la composición del tribunal. De fondo, igualmente, más allá de estos hechos puntuales, la Corte cederá siempre en última instancia ante designios del Ejecutivo.
Hay cierto malestar en la Corte Suprema con el gobierno. Los jueces consideran que el Ejecutivo incumplió su orden de restablecer la movilidad de las jubilaciones y pensiones. Para los jueces, el aumento de 13% no alcanzaría para dar una respuesta total al fallo de la Corte.
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El tribunal esperaba un ajusteretroactivo y una formula que cuidará el poder adquisitivo de los pasivos. Ahora está dispuesto a ejecutar la «cláusula gatillo» donde se reservó la potestad de decir si el ajuste último dispuesto para enero de 2007 es razonable o no. Esperara que Adolfo Badaro (o cualquier otro jubilado) pida que la Corte fije un porcentaje mayor que refleje la pérdida real que tuvieron los haberes jubilatorios.
Sucede que los jueces confiaban en que el gobierno iba a cumplir con el principio recto del fallo. Esto es que cualquierreajuste salarial de los jubilados mantuviera una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores activos.
Además, el fallo del tribunal que preside Enrique Petracchihace un expreso pedidoal gobierno de cumplir con la garantía constitucional de un sistema válido de movilidad que acompañe los haberes en el tiempo y que contemple el derecho de los beneficiarios a una subsistencia decorosa y acorde.
La Corte había dejado librada a la prudencia de los legisladores la determinación del método, pero el Congreso le dio la espalda. Ahora los jueces se sienten forzados a tomar una decisión que, según creen, les correspondía sólo al Poder Ejecutivo y al Legislativo.
«La Corte no puede fijar un quantum (cantidad, índice). Eso le correspondía al legislador, pero se debe admitir que la propuesta de 13% no responde al concepto de movilidad que significa la movilidad permanente», le dijo ayer a este diario un juez supremo.
Una expresión similar utilizó la titular de la Comisión de la Tercera Edad y diputada nacional por el ARI, María América González: «La movilidad se establece por un índice; cada vez que se muevan los sueldos, se tiene que mover el índice. Esto es un aumento más; no hay movilidad».
González interpretó que el gobierno repartió según lo que tenía y no lo que debía. En tanto, adelantó que está «gestionando» la idea de pronunciarse en la Corte para comunicarle sus apreciaciones sobre el tema. «Estoy gestionando para ir a decirle a la Corte que nosotros cumplimos con su mandato», disparó González.
Pareciera que la desobediencia del gobierno tiene otro sentido: Ganar tiempo. Pasarán varios meses hasta que el tribunal resuelva sobre esta cuestión. No obstante, hay quienes sostienen que la diferencia entre el gobierno y la Corte tiene razón en un conflicto más profundo. Esa disputa tiene que ver con la insistente resistencia de Kirchner a completar el tribunal, situación que ha generado enojo y disconformidad entre los jueces supremos.
