¿La madeja del pasado?

La discusión económica se focaliza en inflación, gasto, superávit, comportamiento de bonos. En cambio, no abundan las ocasiones en que se plantee otro gigante ominoso: la catarata de subsidios que gobierna la economía y que, según algunos atrevidos ortodoxos a los que se tildará de «agoreros», tal vez deban corregirse antes de las elecciones de octubre. Sea por la distorsión o el volumen del impacto que provocan en los números presupuestarios. A menos, claro, que el oficialismo decida continuar alimentando una madeja cada vez más complicada, de inevitable recuerdo con otras del pasado, hasta después de esos comicios presidenciales. Veamos:

El gas se cobra a u$s 0,5 para el costo de vida (a los residenciales), mientras el precio que se le paga a Bolivia es de 5 dólares. Debería aumentar 10 veces más (en realidad, 900%).

Algo semejante como actualización, tres veces más en este caso, debería adecuarse el precio de la electricidad.

Mismo cómputo para el transporte colectivo (aquí el subsidio es a las empresas). Una situación semejante se atraviesa con el petróleo y los combustibles, al igual que la carne contenida en la suba por el cierre de las exportaciones.

A la molienda de trigo se le impuso un subsidio de 4% que se le quita a los ingresos de soja, los cuales ya padecen retenciones de 27,5%. Cifras de los mejores tiempos populistas. . Algunos de los subsidios, además, hasta se vuelven ridículos: tal el caso de la industria, que paga 5% de retenciones y al mismo tiempo cobra 5% de reembolso por ser producto industrial. Todo un jeroglífico burocrático.

Con la leche, ahora se innovó en materia de exportaciones: como para el gobierno el precio internacional subió más de lo conveniente, se le impuso un impuestoa las ventas al exterior.-Un contrasentido, ya que el país objeta los subsidios agrícolas europeos y norteamericanos -recordar que ésta fue una de las razones para no ingresar al ALCA-, pero castiga a quienes exportan cuando se mejoran las cotizaciones. En este caso, el gobierno decidió que debido a la trepada a 3.150 dólares la tonelada de leche en polvo, el valor de ésta no puede pasar de 2.100 dólares. Todo lo que exceda, es derecho de exportación que pasa a poder del gobierno. Ya no se habla de tres o diez veces más como en los otros rubros, sencillamente se establece una retención total de 1.050 dólares por tonelada: 50% aproximadamente. Esos ingresos, además, pasan a un fideicomiso o fondo, cuya administración aún no se conoce, al igual que resulta una incógnita el precio declarado de exportación real. Nada parece normal por más que se aluda a un fin superior y, como no se trata de objetar por ideología la exagerada intervención estatal, lo que se observa es la complejidad distorsiva en que se encuentra la economía: la atención no pasa por controlar precios de ciertos productos, sino del precio final que podrá pagar la Argentina cuando se intente desmontar el sistema.