La UIA se opuso al plan preparado por los bancos
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Alberto Alvarez Gaiani, vicepresidente primero, fue el encargado de explicar los alcances del documento (que anticipó este diario el jueves pasado).
Pablo Challú (laboratorios) abrió el fuego diciendo: «El sistema financiero se tiene que adaptar a la realidad argentina, es cierto que primero es la reactivación, la eliminación de impuestos distorsivos, pero hay que ir a fondo en una reforma financiera que baje el costo del dinero. No es conveniente avanzar en este documento».
Inaceptable
«En el documento no existe un diagnóstico correcto sobre los problemas del sector productivo. Mientras nosotros discutimos se siguen incrementando los costos de los servicios. El problema es que los bancos y las empresas privatizadas siguen manteniendo su rentabilidad y todos sabemos la situación que atraviesa la industria. El blindaje se debería utilizar para bajar impuestos y no sólo para asegurar el repago de la deuda externa», fue el duro análisis por parte de Guillermo Gotelli, directivo de Alpargatas.
Uno de los más duros fue el presidente de la Unión Industrial Patagónica, Juan Moraveck. «El documento está plagado de afirmaciones ideológicas. No tiene nada que se parezca al sentido práctico y a la realidad que vivimos. La UIA no puede firmarlo. Parece que el único tema que preocupa es el de la solvencia fiscal y en nombre de esto hasta se pretende arancelar la universidad», sostuvo ofuscado.
Livio Khul (grupo Macri) trató de atemperar los ánimos y buscar algún tipo de consenso cuando afirmó: «Necesitamos estar unidos y acordar propuestas en común para enfrentar la crisis que se viene».
Alvarez Gaiani trató de explicitar los alcances de la reunión que el viernes pasado tuvieron con el jefe de Gabinete juntamente con Eduardo Baglietto y Aldo Roggio de la construcción, además de Eduardo Escasany por los bancos.
Fue ahí cuando se registró un fuerte altercado con el titular de la UIA, Osvaldo Rial, quien le reprochó que siguieran negociando con los bancos cuando había quedado claro que al momento de recibir el documento (el miércoles pasado) se explicitó que la central fabril no haría juicios de valor hasta tanto no se analizara en la reunión de Junta Directiva.
«El documento no plantea medidas de fondo para solucionar la crisis del sector productivo. Ya aprobamos un plan en la UIA que plantea la necesidad de modificar el modelo económico, cuando en realidad los bancos proponen profundizarlo. Si seguimos así licuamos nuestros pedidos», sostuvo Rial.
Algunos expresaron que uno de los pocos puntos en que había coincidencia, y que era la vuelta atrás con el «impuestazo», se dejó de lado sugestivamente luego de la reunión con Colombo. Otros preguntaban por qué se fue sin Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) al encuentro con el jefe de Gabinete, si es miembro integrante del GP (Grupo Productivo).
«No firmemos el documento con los bancos, pero ¿qué le decimos al gobierno?», esbozó Alvarez Gaiani.
«Ya que el gobierno tiene voluntad de diálogo hay que ir con la verdad y no con obsecuencia y decirle que todo está bien, como ocurrió en los últimos años. La fiesta de los últimos 7 años la terminaron pagando los desocupados y los industriales con nuestro patrimonio», le contestó Sergio Bagcheian de Gatic (Adidas).
Challú intentó esbozar una advertencia: «Tengamos cuidado que por no avalar este documento nos vean como los piqueteros del sector empresario».
Respuesta
Rápidamente Gotelli contestó: «Que no nos usen para avalar un statu quo que les conviene a los bancos y a las empresas privatizadas».
Más allá de estos cuestionamientos, lo que quedó claro es que a partir de ahora los directivos de la central fabril no podrán avalar ningún documento que no haya sido aprobado por la junta directiva de la entidad.
Para la reunión de hoy del GP con los bancos se espera además que los representantes del campo reclamen a los banqueros que se adhieran voluntariamente y como gesto de acercamiento, a la ley de emergencia agropecuaria que establece que en caso de desastre (inundaciones, sequías, etc.) las tasas de interés caigan a 50% y se suspendan los pagos hasta 180 días posteriores a la desaparición del problema.



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