• Este tipo de mecanismos se ha venido incorporando en la legislación laboral desde hace varios años sólo con diferencia de matices, pero con resultados frustrantes. .
• Este es el resultado de los incentivos que generan las reglas de juego del mercado de trabajo.
• Los pisos regulatorios para los salarios y demás condiciones que fija la legislaciónlaboral, los convenios colectivos de trabajo, los procedimientos de registración laboral complejos, las ambigüedades legales a través de las cuales se filtran oportunidades para la litigiosidad y el alto nivel de las cargas sociales dificultan la contratación y tienen un impacto altamente discriminador contra la contratación de mano de obra de baja calificación.
• Las empresas grandes son estimuladas a seguir una política de recursos humanos muy conservadora basada en manejarse con grupos de trabajadores de alta calificación relativamente reducidos y estables. Es sintomático que entre los empleados de estas empresas menos de un tercio haya alcanzado la educación media.
• Así, el costo laboral que implica respetar los básicos de convenio más las cargas sociales es tolerable gracias a la mayor productividad. Y los costos administrativos que implica lidiar con la complejidad de la registración laboral se diluyen gracias a la gran escala. Los riesgos de un juicio por despido o enfermedad profesional se minimizan por la baja rotación, que en las grandes empresas es menos de la mitad que en las pequeñas.
• Para desarrollar tareas de menor calificación o mayor inestabilidad, las grandes empresas tercerizan frecuentemente en pequeñas. Así transfieren a un tercero las dificultades que imponen las normas laborales cuando la productividad de los trabajadores es muy baja.
• Esto constituye un marco regulatorio poco amigable para la generación de empleos e implica apostar a que las soluciones para estos problemas surjan de las empresas grandes, lo que asegura el fracaso.
• La tenue caída en la incidencia del empleo no registrado en un marco macroeconómico excepcionalmente favorable indica que la estrategia regulatoria debe ser reformada.
