El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Los hechos son así: para que los desembolsos del Banco Mundial se equilibren con la deuda argentina y el país no caiga en cesación de pagos con ese organismo, se necesitan u$s 1.250 millones que no están en poder del Tesoro. En junio, el país estaría de nuevo al borde del default, salvo que el BM decida extender una línea de crédito adicional para el país. Es lo que comenzó a gestionarse desde la oficina de Roberto Martirene, el funcionario de la Secretaría de Hacienda encargado de negociar con los organismos internacionales la letra chica de créditos y deudas.
En las discusiones, unos y otros se aproximaron a un acuerdo: los representantes del BM pusieron como condición de un nuevo desembolso una reforma del sistema de salud que comience por las obras sociales y sus relaciones con sus proveedores de servicios médicos. Los funcionarios de Economía, aceptaron. A partir de ese convenio inicial James Wolfensohn envió a Buenos Aires a Osvaldo Uribe, el responsable del BM en la financiación de reformas sanitarias.
La propuesta del BM fue que las obras sociales derivaran en el Estado la administración de estos contratos y que sea desde allí que se contrate a los prestadores. Las obras sociales deberían, entonces, desentenderse de hacer convenios con esas redes de proveedores y, en adelante, serían las distintas jurisdicciones (Nación, provincias, ciudad de Buenos Aires) las encargadas de administrar el rubro materno-infantil el Programa Médico Obligatorio (conocido como PMO, es la cartilla que describe la cobertura médica de cada obra social).
Dejá tu comentario