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4 de septiembre 2002 - 00:00

Lavagna: estará prohibido pagar impuestos con títulos públicos

Roberto Lavagna confirmó ayer un adelanto de este diario: se suspende por 60 días la posibilidad de cancelar impuestos nacionales con LETES y otros títulos. Fue una señal positiva para los gobernadores que estaban alerta, porque en las recaudaciones iban mermando los pesos, y subían peligrosamente los bonos. De todas maneras, las provincias le darán hoy al ministro de Economía el ultimátum para que resuelva el problema con lo que Nación les adeuda. Por lo menos, tres mandatarios provinciales amenazarían con pedir una interpelación a Lavagna que ayer visitó el bloque PJ del Senado. Es lógica la inquietud de los gobernadores, ya que en los últimos meses el porcentaje del pago en bonos de algunas grandes empresas ha producido un abultado rojo en las cuentas del Estado, impidiendo que se giren esos fondos coparticipables. El senador José Luis Gioja informó, al término de la visita de Lavagna, que en las próximas horas el Ejecutivo elevará un proyecto de ley para oficializar la medida, si bien habrá una resolución previa que firmará el propio ministro.

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El pago de tributos con títulos públicos está en la base de la discusión federal en estos días. Los gobernadores se quejan de que el Tesoro no les gira los recursos coparticipables porque buena parte de los ingresos están constituidos en papeles de la deuda pública y no en pesos. Lavagna reconoció ante los senadores que, si bien la recaudación subió notoriamente, considerada en pesos tuvo una baja de 20%. Esto se debe a que las empresas -el ministro mencionó especialmente a las tabacaleras- hicieron uso de la posibilidad establecida por Domingo Cavallo en los decretos 426, 1005 y 1226 del año 2001, en los que se permitió tributar con certificados de crédito fiscal (los otorga el gobierno a un tenedor de títulos cuando se ve impedido de rescatar un papel).

El ministro de economía de una provincia del norte explicó ayer a este diario: «Nunca en los últimos años se afectó desde Economía el envío de fondos coparticipables; puede ser que nos redujeran el envío de dinero para programas específicos, pero nunca la coparticipación en sí misma. Ahora, con el problema de los títulos públicos, las provincias se deberían hacer cargo de la deuda del Estado». Esta situación llevó ayer a varios senadores a programar la interpelación de Lavagna: los de Salta, San Luis y Santa Cruz fueron los primeros en movilizar esa iniciativa. Anoche se habían aplacado, en alguna medida, por la promesa de Lavagna.



La deuda que reclaman las provincias equivale a la recaudación del Estado en papeles. Entre marzo y julio, en títulos, el Tesoro recaudó $ 401.381 millones; en patacones, $ 21.115 millones (la provincia de Buenos Aires es la única autorizada a pagar impuestos con un bono local). Los mandatarios del interior suman a ese pasivo $ 46.140 millones de impuesto al cheque. Estos son datos consignados por la comisión federal de impuestos, que serán presentados hoy por los gobernadores a Lavagna, Jorge Sarghini (secretario de Hacienda) y Alejandro Arlía (responsable de provincias).

Visto el mismo problema desde el punto de vista de la distribución de la recaudación, los distritos federales advierten que, mientras habitualmente recibieron 34% del total recaudado, en el envío de agosto se les aportó menos de 20% debido a la alta proporción de títulos y LETES en los pagos. «Hay empresas que mandan camiones de 'bonos basura' para enfrentar sus compromisos» graficó Lavagna.

Los gobiernos de las provincias no quieren que quede sentado un antecedente por el cual la coparticipación de convierta en la variable de ajuste de la política fiscal de la Nación. Algunos de ellos están al tanto de un dato inquietante: el gobierno negocia con el Banco Mundial y el BID un sistema de «blindaje» de los planes sociales. Es decir, la adopción de un criterio según el cual no se puedan reducir en futuros presupuestos los recursos asignados al asistencialismo. Quiere decir que, a la hora de hacer economías, el gobierno debería apelar a recortar salarios o envíos de la coparticipación.



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