Para el gobierno de Eduardo Duhalde, ya es cosa juzgada que desde enero de 2003 pagará en tiempo y forma la restitución del 13 por ciento a los empleados públicos, jubilados y las asignaciones familiares a los trabajadores privados. Tal como anticipó ayer esta diario, el dinero para cubrir los 2.366 millones de pesos de aumento del gasto que generará esta decisión para el año próximo se cubriría con el aumento de la recaudación impositiva más el resultado de un paquete tributario (eliminación de exenciones a Ganancia Mínima Presunta, pago de 1 por ciento en la liquidación de impuestos con LECOP y patacones e inclusión de los reintegros a las exportaciones en Ganancias) que generaría unos 700 millones de pesos extra de ingresos. Sin embargo, será el propio Duhalde el que tendrá que resolver este fin de semana sobre las dos alternativas planteadas para afrontar la situación generada por el pago retroactivo de la reducción salarial y en las jubilaciones y el cumplimiento de esta obligación hasta fin de este año. Ayer quedó claro que los dos ministerios que estudian este problema, el de Economía de Roberto Lavagna y el de Trabajo de Graciela Camaño, tienen propuestas diametralmente diferentes. En el primer caso, los técnicos del Palacio de Hacienda tienen decidido que no habrá pagos en efectivo ni en LECOP hasta enero de 2003. Todo el acumulado de las liquidaciones salariales, jubilaciones y asignaciones familiares que se sumaron entre setiembre del año pasado (primera reducción) y diciembre de 2002 se afrontaría con una nueva emisión de títulos BODEN a 5 años o BOCON a 10 años. En los dos casos, se habla de los bonos en pesos. En total, la deuda acumulada sería de aproximadamente 3.000 millones de pesos. Los asesores legales del ministro de Economía aseguran que no habría mayores problemas para que la Corte Suprema, en definitiva la generadora de la crisis, acepte esta propuesta, ya que se garantizaría la capacidad de pago de los empleados públicos y los jubilados.
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En las huestes de Graciela Camaño, la visión es muy diferente. Se asume como inevitable que la deuda acumulada entre setiembre de 2001 y octubre de 2002 podría ser cubierta con un bono similar al que propone Economía, incluyendo el plazo de pago (5 o 10 años) y la moneda (pesos). Las diferencias importantes con Economía comienzan al analizar la situación a partir de octubre de 2002. Camaño pelea por comenzar a liquidar el 13 por ciento a los jubilados ya para los últimos 3 meses del año, y en efectivo. Desde el Ministerio de Trabajo, aseguran que la recaudación impositiva es lo suficientemente buena como para absorber los 112 millones de pesos mensuales que demanda volver las jubilaciones y las asignaciones familiares a sus niveles anteriores a setiembre de 2001. Sin embargo, en la cartera laboral van más allá y aseguran que también sería posible hacer frente al incremento de 13 por ciento en el pago a los empleados públicos. En este caso, la retribución, que mensualmente suma unos 70 millones de pesos para cubrir el aumento salarial de toda la planta pública, podría ser en LECOP. Para esto, no habría necesidad de imprimir más bonos, sino utilizar parte de los casi 200 millones de pesos mensuales que ingresan a partir del pago de impuestos nacionales en LECOP. Según Trabajo, para el sector público sería simplemente un pase contable. Economía descarta esta alternativa, ya que la negociación con el FMI incluye la necesidad de presentar un plan creíble de rescate de todos los bonos nacionales y provinciales que circulan por el país.
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