A contramano de la decisión nacional de poner freno a la suspensión de las ejecuciones hipotecarias -anoche Duhalde firmó el decreto-, varias legislaturas provinciales siguen debatiendo el tema desoyendo incluso la negativa de los poderes ejecutivos. En Córdoba, Neuquén y Río Negro están vigentes leyes que brindan plazos para que se hagan efectivos los remates. Buenos Aires mantuvo en discusión un proyecto, pero finalmente la semana pasada fue descartado. El gobernador de Mendoza, Roberto Iglesias, vetó una iniciativa que había sido aprobada en el Parlamento provincial. Los diputados de Salta intentan dar curso a una ley que interpondría una suspensión de las ejecuciones por 180 días y que no contaría con apoyo del Ejecutivo.
