El plan de desactivar el subsistema de capitalización previsional es la historia de un verdadero «suicidio fiscal colectivo». A 14 años de su nacimiento y habiéndose pagado ya los altísimos costos que implica crear este tipo de regímenes, destruirlo sólo puede ser obra de una profunda ignorancia, más allá de las vivezas y oportunismos que se hacen evidentes en algunos de sus promotores.
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Los sistemas de capitalización son poco frecuentes, como sostiene el gobierno, pero no por su inconveniencia, sino por el enorme costo que conlleva imponerlos. Esto se debe a que durante algunas décadas los trabajadores tienen que solventar las jubilaciones vigentes a la vez que ahorran en sus cuentas individuales. La generación nacida entre 1940 y 1970 ha pagado dos veces sus aportes previsionales durante los últimos 14 años, pero su esfuerzo no habrá servido de nada.
Peor aún: la continua penuria fiscal que vivió la Argentina entre 1995 y 2002, y que llevó a una crisis sin precedentes, tuvo en aquella reforma previsional su causa más destacada. Y es justamente por ese motivo que el régimen de capitalización, lejos de ser derrumbado, debe ser valorado y protegido, en honor del esfuerzo que insumió, el que ya se pagó plenamente. La crítica retroactiva, que encarna gran parte de la dirigencia política hoy, es la peor inspiración que se puede encontrar. ¿Justo ahora, que es tiempo de disfrutar de los numerosos beneficios de un sistema de capitalización que ya pagamos entre todos, lo vamos a destruir? Es un suicidio fiscal colectivo, sólo comprensible en el absoluto desconcierto en el que vive nuestra sociedad, liderada por una dirigencia «desnortada».
Costos fiscales
Para tener idea de los costos, en grandes números se puede afirmar que mientras fueron «desviados» del Estado a las AFJP, entre 1994 y 2008, unos u$s 39.000 millones corrientes, los recursos que aportaron las provincias de sus impuestos, «precoparticipados» con el exclusivo fin de financiar aquella transición previsional, ascienden a u$s 79.000 millones: ¡el doble! Y, a pesar de ello, todavía hoy las provincias siguen drenando u$s 7.000 millones anuales a la Nación, a través de la ANSeS, que hace un mero pasamanos para que el gobierno los gaste en otras finalidades, mientras puede exhibir superávit primario de su Tesoro.
En estos años, también fueron a la ANSeS otros u$s 60.000 millones de impuestos nacionales. En consecuencia, lejos de quedar desfinanciada, la ANSeS obtuvo u$s 100.000 millones más de lo que « derivó» a las AFJP. Con todos esos recursos tributarios, la ANSeS pudo pagar 44 por ciento de las jubilaciones y pensiones del sistema de reparto en estos años (usó 66 por ciento de esos recursos: u$s 92.000 millones), financiar el déficit transitorio que significaban las AFJP (28 por ciento: u$s 39.000 millones) y también acumular un superávit (6 por ciento: u$s 8.000 millones).
Si se aprobara la reforma actual, la ANSeS, además de haber acumulado sin ningún justificativo los recursos de las provincias se habrá apropiado de u$s 28.000 millones de los afiliados a las AFJP. A cambio, contraerá nuevos pasivos previsionales que no han sido siquiera contabilizados por el gobierno para fundamentar su propuesta, ni se ha analizado su sustentabilidad futura.
Déficit previsional
Este cálculo de cuánto «promete graciosamente» pagar la ANSeS a nuestra población, asegurando que el traspaso al sistema de reparto es muy conveniente, lo hemos realizado aplicando las técnicas actuariales vigentes. Sus resultados son lapidarios. La deuda previsional que deja este gobierno gracias a la moratoria, los pasajes a reparto y la propuesta de rediseño actual, asciende, a valor presente, a u$s 726.000 millones (247 por ciento del PBI). Para atender esa deuda, contamos con aportes y contribuciones previsionales futuros por sólo u$s 264.000 millones (90 por ciento del PBI).
El resto del pasivo (157 por ciento del PBI) deberá ser afrontado con el superávit actual de la ANSeS (unos u$s 7.000 millones) más los fondos administrados por las AFJP (u$s 28.000 millones), menos la parte de todos esos fondos que son títulos públicos (u$s 17.000 millones). A esto habría que restarle los fondos que la ANSeS usará a gusto del Tesoro nacional, y no de los jubilados, intensivamente durante 2009 y para la campaña electoral. Pero aun sin contabilizar ese desvío de fondos, el déficit previsional, a valor presente, asciende a u$s 442.000 millones, es decir, 150 por ciento del PBI.
En 2003, cuando comenzó la gestión Kirchner, ese mismo déficit ascendía a u$s 60.000 millones y era equivalente a 40 por ciento del PBI. Con las sucesivas ampliaciones de la cobertura de la vejez, cargadas sobre las espaldas de la ANSeS, ese monto ascendió a u$s 254.000 millones (86 por ciento del PBI).
A ello contribuyeron la moratoria previsional (un verdadero subsidio sin aportes), el aumento de la PAP de 0,85 por ciento a 1,50 por ciento por año de aporte (para tentar los traspasos de las AFJP a reparto en 2007, lo que igualmente no sucedió), la ampliación de la coberturapor aportes incompletos,las pensiones a ex combatientes, etc.
Esta última reforma que se pretende aprobar ahora obligará a la ANSeS a un enorme esfuerzo. Esto se debe a que los afiliados a las AFJP ya pagaban al sistema de reparto la contribución patronal, a cambio de una contraprestación futura mínima (la PBU), con el objeto de redistribuir sus ingresos entre todos. Ahora recibirán de reparto mucho más de lo que recibían antes. Semejante gentileza representa nada menos que otro 64 por ciento del PBI de incremento en el déficit actuarial nacional.
La era K, que se concibe a sí misma como fiscalmente responsable y que tiene en el desendeudamiento una de sus principales banderas, ha creado su propio festival de endeudamiento para las próximas generaciones, septuplicando el déficit previsional, el que creció en u$s 382.000 millones. Este déficit, que deberá financiarse con el correr de los años, es equivalente a 2 ½ veces la deuda argentina actual en títulos públicos. No ha habido otro festival de semejante magnitud en la historia reciente, ni siquiera en la era Duhalde, cuando se triplicó la deuda en términos del PBI, para compensar la pesificación asimétrica.
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