Lo mismo podría pasar en otras privatizadas

Entre las empresas privatizadas, se advirtió ayer la sensación de que MetroGas sólo puede ser el primer caso, y que no sólo hay riesgo de «default», sino también de problemas en la prestación del servicio.

La suspensión de pagos de la distribuidora de gas demuestra que los accionistas controlantes -en este caso, BG Group y Repsol-YPF-no están dispuestos a poner dinero propio si el flujo de fondos de las empresas participadas en la Argentina no les alcanza para cubrir sus deudas u otras obligaciones.

Se sospecha que lo mismo ocurre en otras compañías. El presidente de France Telecom, Michel Bon, dijo la semana pasada que no pondrán un peso más en Telecom Argentina, empresa que sólo este año tiene vencimientos por 900 millones de dólares.

Aunque con un endeudamiento menos apremiante y sin intención de abandonar el mercado argentino, el grupo Telefónica tampoco se haría cargo de los pasivos de filial local. Se cree que lo mismo podría ocurrir por lo menos en Aguas Argentinas y en Edenor.

El vocero de MetroGas, Orlando Di Pino, dijo ayer que «MetroGas no es una empresa con problemas, si se considera que la deuda está por debajo de la media que tienen otras compañías de igual tamaño en el resto del mundo». Pero afirmó: «Con el flujo de fondos actual, no podemos mantener el servicio y pagar la deuda».

Di Pino dijo, repitiendo lo que otras empresas afirman todavía en forma reservada, que «MetroGas necesita en lo inmediato reglas de juego claras sobre la forma en que se va a desenvolver el negocio».

Dicho de otra forma, las empresas privatizadas están pidiendo una definición del gobierno para un ajuste inmediato de la tarifas, lo que se contrapone con la pretensión oficial de postergar, por lo menos hasta julio, un eventual aumento.

El caso MetroGas demuestra, además, las consecuencias que podría tener el criterio de legisladores y asociaciones de consumidores de que no puede haber más aumentos de tarifas, y que las empresas deben absorber la pérdida actual por lo que ganaron en el pasado.

Si se aplica ese esquema, los accionistas extranjeros, en la mayoría de los casos, dejarían a las empresas privatizadas al borde del colapso. Porque no sólo se suspenderían pagos de deudas, sino que, además, se vería afectada la calidad del servicio. En una empresa eléctrica, comentan que ya hoy están «rogando para que no haya un tornado que tire el cableado de una localidad, porque no habría repuestos para subsanar el problema en un tiempo prudente».

Según las empresas privatizadas, los problemas pasan por: La pesificación de la tarifas y su congelamiento sin fecha cierta para el ajuste.
 
•El aumento de los insumos importados por la devaluación y también de los que se producen en el mercado local.
 
•El pago de los compromisos financieros en dólares.
 
•El aumento de la morosidad (según MetroGas, las facturas impagas suman actualmente 70 millones de pesos, de los cuales entre 20 y 30 se acumularon en los últimos tres meses).
 
•La reducción del consumo que afecta sobre todo a las empresas telefónicas, según las cuales la facturación cayó 10% en el primer bimestre del año.

• Las dificultades reales de pago de una parte de los usuarios que reclaman en las sucursales una tarifa más barata, «tarifa social».
 
•El fuerte peso de los impuestos en las facturas que el gobierno no quiere sacrificar, ni aun en el caso de la tarifa social, porque es una fuente de recaudación segura.
 
• La falta de crédito para capital de trabajo.