El secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, junto al ministro de Economía, Amado Boudou.
El secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, aseguró que la reapertura del canje hasta el 30 de diciembre es un "gesto" para los tenedores de deuda en default, pero aclaró que se trata de la "ultima posibilidad".
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El funcionario dijo que la operación apunta a "mostrar buena voluntad y a su vez seguir resolviendo los problemas que nos dejó el default del 2001", agregando que "de ninguna manera" el canje tiene una meta de aceptación.
El plazo tiene que ver con la suspensión de la ley cerrojo que vence el 31 de diciembre, confirmó, y remarcó que pese a tratarse de una reapertura "local", "puede participar cualquier tenedor de bonos a través de la Caja de Valores".
Lorenzino consideró que muchos de los tenedores individuales hayan o no iniciado juicio no tienen ahora la situación económica de los `90, por lo que la propuesta debería resultarles atractiva.
El monto de deuda que resta canjear es de 6.100 millones de dólares, pero unos 4.000 millones está en manos de los denominados "fondos buitres", que se negaron reiteradamente a aceptar las condiciones argentinas para el canje.
Para esta reapertura, el gobierno nacional estableció características "similares" a quienes participaron del canje realizado en abril, pero con ciertas desventajas.
Al respecto el técnico de Economía precisó que "conceptualmente se entrega el mismo paquete" pero el tenedor que adhirió en abril podía optar por un bono con descuento y recibía un pago de intereses en efectivo, en cambio quienes adhieran ahora "sólo tienen la posibilidad de llevarse bonos".
La quita nominal sigue siendo de 66,7%, y la segunda diferencia pasa por los bonos Global 17, ya que quienes recibieron esos papeles en el canje de abril ya percibieron un cupón de interés.
Quien adhiera ahora a la propuesta de canje "recibe un Global 17 flamante", es decir que percibirá los cupones de interés hacia adelante y no hacia atrás.
Remarcó que la propuesta no genera gastos extras al Estado ya que al trabajar con la Caja de Valores y el personal del ministerio no hay gastos de comisiones ni honorarios a terceros; en definitiva la propuesta "no tiene costo adicional para el Estado".
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