El diputado nacional de Unión Popular, el economista Claudio Lozano, calificó a la decisión del juez estadounidense de no reponer el stay como un "disparate" y aseguró que la próxima medida que podría tomar el magistrado sería congelar los más de u$s 1.000 millones que el Gobierno nacional giró para pagar a los bonistas.
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"Hubiera sido mejor consultar a través de una carta al Banco de Nueva York si estaba en condiciones de cumplir el rol para el cual fue contratado, de agente de pago a los bonistas. Argentina está en capacidad de establecer otro lugar de pago, yo no me hubiera expuesto a que el pago sea embargado", señaló Lozano en diálogo con ámbito.com.
Para el analista económico, la razón de no pagar radica en que esos fondos no pueden ser embargados. "Cuando pasan a manos del fiduciario dejan de ser argentinos y son de los bonistas", afirmó.
En este sentido, Lozano advirtió que en las próximas horas Griesa puede congelar el dinero y frenar el pago a los acreedores que aceptaron el canje de 2005 y 2010. "Podría emitir un fallo de embargo y si el banco lo reconoce, podría decirle absténgase de efectuar el pago", alertó el legislador nacional.
"En principio, esos fondos una vez que están en el banco ya no son de la Argentina y no son embargables. Si el banco le hace caso a Griesa no estaría cumpliendo con el rol para el cual fue contratado y según lo establecido en los artículos 5, 6 y 9 del convenio podría ser reemplazado como agente de pago por el Banco Nación o el Banco Central de la República Argentina", completó el diputado.
Bajo ese criterio, y en línea con la intención expresa por el ministro de Economía, Axel Kicllof, de cambiar la locación, Lozano garantizó que el Gobierno "tiene todo autorizado en el contrato para fijar otro lugar de pago".
"Argentina está obligada a tomar una definición, el fallo es un disparate y así lo entendió la totalidad de los gobiernos, incluido el de Estados Unidos, organismos internacionales, y hasta el Financial Times", consideró el economista, que estimó que tras el revés de la Corte Suprema se obliga al país a desembolsar no menos de u$s 13.000 millones a los buitres.
"En este contexto, lo lógico es que se lleve adelante lo que dice el contrato y no usar la plaza Nueva York (para pagar a bonistas). Con los que cobran por Europa no habrá problemas, no aceptarían la jurisdicción de Griesa. Lo lógico es cambiar de lugar, llamar a asamblea de bonistas y definir Buenos Aires como nuevo lugar de pago", concluyó.
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