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Las fuentes señalaron que los operativos están orientados a descubrir maniobras realizadas por un grupo de empresas de primer nivel, del rubro grandes contribuyentes (entre las 200.000 sociedades que más aportan en el sistema impositivo), que cometió defraudaciones contra el fisco adquiriendo a empresas «fantasmas» facturas por prestaciones de servicios, con las cuales descargaban IVA y, así, evadían una cantidad millonaria que debía ser tributada al Estado nacional.
En total, unas 15 empresas ficticias sin empleados y constituidas por testaferros insolventes o personas no localizables con domicilios falsos, habrían facturado estos servicios inexistentes a más de 90 empresas, algunas de primer nivel.
Las empresas «usuarias» (las que hoy estarían siendo allanadas) que recibieron esas facturas falsas, las emplearon para abultar créditos fiscales y simular gastos y, de esta manera, al incorporar esas facturas apócrifas a sus respectivas contabilidades evadían IVA y Ganancias, señaló la AFIP. Las organizaciones delictivas dedicadas a crear las empresas falsas y «vender» las facturas ficticias, estarían integradas por contadores y abogados. En general las facturas se emitían bajo la suposición de la realización de servicios como asesoramiento económicos, publicidad, venta de maquinaria, construcciones y mejoramientos edilicios, imprentas y operaciones inmobiliarias. En todos los casos, el IVA se tomaba a cuenta de los pagos que luego se liquidaban al fisco. El allanamiento fue ordenado por
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