Sin margen para aplicar nuevos impuestos y con la oposición oficial a eliminar subsidios de manera considerable, funcionarios y analistas discuten quién pagará lo que el gobierno pretendía cobrar con el excedente de las retenciones móviles frustradas, estimado en cerca de u$s 1.500 millones. Los economistas aseguran que no se trata de un grave problema de caja, pero que habrá un alto costo político para solucionar el «hueco fiscal», al que además de la caída estimada en el ingreso por derechos de exportación se le suma la desaceleración del consumo por el enfriamiento de la economía, que provoca la baja de otros gravámenes.
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La presión tributaria sobre los contribuyentes ya está al límite como para pensar en mayores impuestos (supera 24,6%) y un sinceramiento tímido de las tarifas de servicios públicos no conllevará necesariamente a una reducción en los subsidios (que crecen a más de 70%). Por lo tanto, la obligada baja en el gasto público que deberá enfrentar el gobierno, en la que coinciden los economistas, tendrá que hacerse mediante la reducción de los gastos más discrecionales o en una suba más real de los precios contenidos en energía y transporte. Ambos, ineludiblemente, tendrán un alto precio político para la administración de Cristina de Kirchner.
«Alguien podría estar lamentándose hoy por los hospitales y las escuelas que no se construirán como consecuencia de que el Estado dejó de recaudar el excedente que dejaban las retenciones móviles de 1.500 millones de dólares. Esto no sucede porque ese objetivo fue una excusa para no reconocer que, entre otras cosas, el costo de la energía subió. Y que para no blanquearlo se otorgaron subsidios», explicó a este diario Roque Fernández.
El ex ministro de Economía agregó que «ya, sin las retenciones, no se puede sostener el alto nivel de subsidios que existe. El gobierno deberá reconsiderar ese plan de gasto y pagar el costo político que traerá aparejado. Para eso, deberá sostener un sinceramiento en las tarifas públicas que puede hacer gradualmente, pero no puede postergar por mucho tiempo. No puede decidir que será después de las elecciones de 2009».
Fernández descartó la posibilidad de sumar impuestos para sustituir los ingresos de las retenciones móviles. En primer lugar, «hoy en cuanto a tributos está todo inventado y todo distorsionado. Además, el gobierno tiene la dificultad -saludable para la República- de que la política tributaria debe ser discutida en el Parlamento», dijo.
Para Nadín Argañaraz, titular del centro de investigación IERAL, de la Fundación Mediterránea, el monto que el Estado dejará de percibir por la limitación de la Resolución 125 es de u$s 1.300 millones, menos las compensaciones que asumió por el alza del impuesto.
Gasto público
«No veo un grave problema de caja. La falta de esos ingresos es totalmente financiable con una reducción de la tasa de aumento de gasto público», explicó el economista, que enfatizó: «Ni siquiera se trata de una reducción del gasto, sino de una baja del aumento del gasto público que ya supera el 37%».
Para Argañaraz, el gobierno deberá focalizarse en los subsidios que crecen al doble que el gasto general, cerca de 70% en promedio anualizado.
Pero en cuanto a los detalles fiscales, el economista explicó que todavía no se sentirá la baja en las retenciones porque aún con menor alícuota, habrá una suba dada por mayores precios. «Será importante ver también las consecuencias que dejó el conflicto del campo en otros ítems de la recaudación como el IVA, ya que el consumo se vio resentido», dijo. Y coincidió con Fernández en que con una presión tributaria récord en el país, de poco más de 24,6%, no es factible crear nuevos impuestos. Desde la consultora Ecolatina, Ricardo Delgado también focalizó el análisis en la cuestión tributaria en general. En diálogo con este diario minimizó el faltante que provocarán las retenciones. «Si el Senado hubiera aprobado el proyecto que llegó de Diputados, el ingreso extra para el Estado hubiera sido de 600 millones de dólares. Pero por todo el conflicto, además de perderse ese dinero, se afectó al consumo, por cuya desaceleración se dejaron de percibir 200 millones de dólares por mes», dijo.
El economista aseguró que sus estimaciones dan que este año subirán 90% los subsidios y llegarán a $ 35 mil millones. «Para muchos sectores, ya no se trata de subsidios a las tarifas. En transporte representan 40% de las necesidades operativas, por lo que un aumento de las tarifas no necesariamente llevará a una reducción del subsidio. El sinceramiento de los precios públicos, por lo tanto, puede aliviar la caja sólo en parte».
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