El Congreso avanzó ayer en otro argentinismo. Un proyecto de ley castigará a quien difunda rumores en empresas, a quien le grite a su empleado, a quien «prive de responsabilidades a personas con aptitudes», a quien «asigne misiones sin sentido». ¿Qué jerárquico podría cumplir sus funciones y producir negocios rentables no hablándoles a sus empleados? El proyecto describe una irrealidad en empresas que quizá, como cuenta la leyenda, pueda sí aplicárseles a altos funcionarios presidenciales que encuentran solaz en el «acoso moral» a sus ministros. Con esto basta para que este proyecto fracase.
Daniel Scioli, el senador Miguel Pichetto, y los gremialistas Susana Rueda, Andrés Rodríguez y Julio Piumato, en la presentación del proyecto de ley contra violencia laboral.
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Incluso se obliga a los empleadores públicos o privados a exponer en los lugares de trabajo en carteles -se precisa que no deben tener menos de 15 por 21 centímetros- una lista con las actitudes hostiles de sus jefes que los empleados deben denunciar a la Justicia.
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