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La propuesta de la Unidad de Renegociación (UNIREN) de contratos con empresas de servicios públicos contempla un aumento del 15 por ciento promedio para usuarios comerciales e industriales, pero no incluye aumentos para la red de consumo domiciliario.
La concesionaria Metrogas concurrió a la audiencia pública y planteó su desacuerdo con la propuesta oficial por considerarla "unilateral", y presentó condiciones para renegociar contratos con el gobierno.
En su presentación, en la que ratificó su compromiso de "continuar contribuyendo al desarrollo del país", Metrogas planteó su desacuerdo con la política oficial en el sector y pidió "reglas de juego claras" que permitan la continuidad operativa de la compañía.
En su exposición, el representante empresario criticó el congelamiento de tarifas dispuesto por el gobierno, y la prohibición de ajustes sobre la base de los indicadores del mercado internacional incluidos en el marco regulatorio.
Criticó la decisión del gobierno de iniciar una renegociación forzosa de todos los contratos de servicios públicos, porque sumó "mayor incertidumbre jurídica regulatoria".
La empresa sostuvo que la oferta del gobierno "no consolida los resultados de las fases del proceso de renegociación de contratos de obras y servicios públicos".
Alegó también que la propuesta de la UNIREN sobre tarifas "no garantiza el resguardo de las bases y principios contemplados en el marco regulatorio".
Opinó también que la propuesta de la UNIREN "contempla un ajuste que no puede trasladarse a todos los clientes de la distribuidora, lo que generaría problemas de equidad dentro y entre zonas tarifarias".
Sostuvo también que "no quedan definidas claramente condiciones mínimas que aseguren la sustentabilidad de la compañía en el largo plazo".
Durante la audiencia, la empresa fijó también las condiciones para una renegociación del contrato de concesión con el gobierno y reclamó "la plena aplicación del Marco Regulatorio" y una recomposición tarifaria "adecuada" para cubrir los diversos costos de la compañía.
Metrogas pidió también el diseño de un esquema de tarifa social con bonificaciones explícitas, beneficiarios que surjan de un padrón, que cubra las necesidades básicas de uso del servicio de cada subzona y que resulte neutro para la distribuidora.
La presentación consideró que los marcos regulatorios "son pasibles de modificación y perfectibles", pero aspira a que se mantengan "reglas de juego y políticas de precios de largo plazo, que no distorsionen la asignación de recursos de un sector clave de la economía nacional".
Metrogas reclamó también al gobierno que "se ponga fin a más de tres años de incertidumbre regulatoria y distorsión de precios relativos, para converger en forma gradual y ordenada hacia reglas de juego sustentables en el largo plazo".
Asimismo, está convencida de que en las presentes circunstancias se requiere la protección de los sectores de menores recursos, a través de un régimen de tarifa social, que sea compensado por la contribución de los consumidores de mayores recursos.
Por su parte, el diputado nacional y secretario de la Comisión de Defensa del Consumidor de Diputados, Héctor Polino, señaló su oposición "a este aumento del 15 por ciento por tratarse de una renegociación parcial del contrato, que incluye solamente las tarifas".
Polino cuestionó una cláusula gatillo que figura en la propuesta del gobierno, que establece que si aumentan los costos empresarios más de un 5 por ciento automáticamente ese aumento se traslada a la tarifas".
El legislador señaló que "si bien la propuesta del gobierno no fija aumentos en luz y el gas a usuarios domiciliarios, esto es un engaño, porque los que menos tienen van a pagar más caro los artículos que aumentan de precios porque aumentan los costos de las empresas que los producen".
