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Para el gobierno, por el contrario, no sería necesario en realidad modificar el actual esquema legal como pretenden senadores y diputados (Rosatti entrará en la Cámara baja la semana próxima, donde existen otros proyectos sobre el mismo tema). Se reconoce como mejor camino avanzar en interpretaciones de los tratados bilaterales de inversiones, pero sin cuestionar su existencia, es decir, consensuar sin estridencias que puedan ser interpretadas como una violación a la seguridad jurídica. Es, de hecho, la línea que se manejó desde la Procuración del Tesoro en las audiencias de París y que terminaron con saldo positivo para la Argentina.
Uno de los casos más citados de la aplicación de esa política es el de CMS, donde Estados Unidos no aceptó la presentación de una demanda; o los casos de conflictos de interés entre deudores del Banco Mundial que al mismo tiempo someten divergencias al arbitrio del CIADI.
El argumento más sólido que se discutirá hoy con los senadores es que no es necesaria en este momento una modificación al estatus legal que fija el artículo 23 de la Constitución nacional al colocar los acuerdos internacionales en un nivel de primacía sobre la legislación local, pero por debajo del imperio de la Constitución misma.
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