Otro problema para Duhalde: renuncia el titular de la DGI

A cinco meses de haber asumido el cargo, Horacio Rodríguez Larreta dejará la conducción de la Dirección General Impositiva (DGI). El recaudador se reunirá hoy por la mañana con el responsable de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, que le aceptará la renuncia e inmediatamente llamará al secretario de Ingresos Públicos, Eduardo Ballestero, para decidir quién será el reemplazante de Rodríguez Larreta.

Por ahora el principal candidato a ocupar este puesto clave para la recaudación impositiva sería Roberto Sericano, que ya estuvo a cargo de la DGI en los días de Héctor Rodríguez. Si no es Sericano, igualmente se piensa en que el responsable de Impositiva deberá ser alguien «de la casa», esto es alguno de los técnicos con años en funciones dentro del organismo y que forman parte de su plantel «histórico».

Con la renuncia de Rodríguez Larreta termina de desarmarse el equipo que en su momento formó Domingo Cavallo en setiembre del año pasado para conducir la AFIP en reemplazo de Héctor Rodríguez, que estaba integrado por Armando Caro Figueroa al frente del organismo recaudador y por César Albrisi en la Aduana, además de Rodríguez Larreta.

Fue la gran apuesta del ex ministro de Economía para torcer la historia de la recaudación en los últimos meses de 2001. Luego, con su propia caída, arrastró la de Caro Figueroa y la de Albrisi, que fue reemplazado por Mario Das Neves en la Dirección General de Aduanas.

Sin embargo, la situación de Rodríguez Larreta era distinta. Este economista contaba con el apoyo del entonces gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, quien terminó convenciéndolo de que acepte el cargo. La promesa del ahora canciller era que su cargo tendría estabilidad en el tiempo más allá de quién estuviera en el Poder Ejecutivo (se descontaba en la provincia de Buenos Aires que los días de Cavallo-De la Rúa en el gobierno podrían acortarse).

• Autarquía

Inclusive en el día de la asunción de Rodríguez Larreta, el 11 de setiembre de 2001 (el mismo día del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York), concurrieron al auditorio principal del edificio de la AFIP en la ex sede del Banco Hipotecario Ruckauf, Cecilia Felgueras (con la que el ahora ex AFIP había compartido la gestión en el PAMI en los primeros momentos del gobierno de De la Rúa) y Daniel Scioli, entre otros.

En los cinco meses de gestión Rodríguez Larreta, que en realidad tuvo muchos días a su cargo casi la conducción total de la AFIP por delegación real de Caro Figueroa, se lanzaron el proyecto de autarquía del organismo recaudador la última moratoria impositiva que cerrará en marzo, el pago de todos los impuestos por débito automático y el proyecto de reforma de la DGI que prometía reducir la evasión en 8.000 millones de pesos en menos de 4 años. El lento avance de este proyecto y la visible preferencia de Abad de tratar con el personal de línea de Impositiva aceleraron la renuncia, que se formalizará hoy.

La DGI, por lejos, es una de las reparticiones más complejas y difíciles de manejar de todos los organismos públicos. Además, es la de mayores responsabilidades, ya que tiene a su cargo la obtención de los aproximadamente 50.000 millones de pesos anuales que se necesitan para hacer funcionar el Estado argentino. Tiene 15.200 empleados, de los cuales 5.000 se dedican a fiscalización. Debe controlar un padrón de 700.000 sociedades y 4.800.000 personas físicas, de las cuales 1,2 millón es monotributista. El presupuesto operativo es de 950 millones de pesos que, desde enero de este año, se obtienen a través de la propia recaudación, a partir del proyecto de autarquía que le permite a la AFIP financiarse con 2,75% del total de los recursos. La estructura está formada por 134 agencias y 26 sedes regionales, lo que la convierte en la más importante de toda la Argentina, superando a la conflictiva ANSeS y al PAMI. El principal impuesto responsabilidad de la DGI es el IVA, por el cual se deben obtener 17.130 millones de pesos anuales, seguido por Ganancias (10.100 millones) y combustibles (3.500 millones). Se estima que de todos los sectores argentinos, los más evasores son la construcción, combustibles, el agro, la carne, el comercio minorista y mayorista y los restoranes y hoteles.