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La convocatoria fue realizada para evitar que los acuerdos queden sancionados al vencer el plazo para su tratamiento establecido por la Ley 25.790, que le da al Congreso 60 días desde que el Poder Ejecutivo le envía los acuerdos renegociados para rechazarlos o para convalidarlos.
La oposición sabía desde el inicio que no podría torcer la ratificación de esos convenios, pero el intento apuntaba a debatir las cuestiones espinosas, como
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