Podría generar ola de juicios

Las empresas privatizadas aseguran que la resolución del Ministerio de Economía que congela virtualmente las tarifas de electricidad y gas para el invierno tiene una fuerte vulnerabilidad legal, porque por una resolución se están modificando los ajustes estacionales de esos servicios contemplados en las leyes de marco regulatorio de la actividad.

Esa situación, más la modificación de las reglas de juego para los sectores involucrados, podría dar lugar al inicio de acciones contra el Estado. Por lo menos, algunas empresas generadoras de electricidad están estudiando acudir a tribunales internacionales, amparadas en los tratados de protección recíproca a las inversiones, por considerar que el Estado está interfiriendo en un sector que está desregulado.

En esos tratados,la empresa que se considere afectada en sus derechos tiene que elegir entre la Justicia local o el fuero internacional, es decir no puede accionar en las dos instancias, por lo que predomina el criterio de querellar directamente en el exterior.

Además de la vulnerabilidad legal, la disposición de Economía deja abiertas otras inconsistencias:

  La norma prohíbe a los entes reguladores aprobar aumentos de tarifas pero no impide a las petroleras subir el precio del gas en boca de pozo.

El precio de ese producto está desregulado como los combustibles.

Si las petroleras deciden subir el valor del gas en boca de pozo, las distribuidoras podrían recurrir a la Justicia porque no lo pueden trasladar a las tarifas, pero mien-tras tanto tendrían que pagar el precio pedido por los productores.

La resolución incluye a los organismos descentralizados como sería Cammesa, la empresa mixta controlada por la Secretaría de Energía e integrada por los operadores eléctricos.

Por eso, se entiende que la Secretaría de Energía no dispondrá un aumento del precio estacional de la electricidad para el invierno.

Pero si las petroleras suben el valor del gas y las generadoras no pueden trasladarlo al precio mayorista de la energía, algunas centrales térmicas podrían operar menos tiempo o directamente salir de servicio para no trabajar a pérdida, lo que acarrearía el riesgo de desabastecimiento eléctrico.

Si el precio estacional que es el que se traslada a tarifas, no se modifica, pero sube el precio mayorista de la electricidad en el mercado, las distribuidoras eléctricas deberán pagar ese valor más alto y no podrán trasferirlo a los usuarios.

Una situación de ese tipo podría generar la quiebra de empresas distribuidoras en todo el país, repitiendo lo que pasó en California hace dos años, con precios libres de generación y tarifas fijas para los usuarios.